Dictadura de Ortega cancela a la Unión de Periodistas de Nicaragua, una gremial históricamente sandinista
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la cancelación de la personalidad jurídica de seis organizaciones sin fines de lucro, entre ellas la emblemática Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), una gremial creada en 1979 durante la Revolución Sandinista. El régimen justifica estas cancelaciones por supuestos «incumplimientos de obligaciones» y «falta de reportes financieros», según el Acuerdo Ministerial No. 14-2025-OSFL, firmado por la ministra del Interior, María Amelia Coronel Kinloch.
La UPN fue fundada como contrapeso a la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN), históricamente vinculada a partidos de derecha y liberales. En cambio, la UPN siempre estuvo identificada con el sandinismo, convirtiéndose en un bastión gremial del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Esta organización fue presidida en distintas épocas por figuras como Mario Fulvio Espinosa, y tuvo entre sus dirigentes a Roberto Larios, quien fue por años vocero de la Corte Suprema de Justicia, antes de caer en desgracia y ser desterrado junto a los 222 presos políticos en 2023.
Una de las últimas presidentas de la UPN fue Brenda Trejos, periodista identificada con el sandinismo, quien vivía en la Colonia del Periodista en Managua y se desempeñaba como vocera de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Incluso, en marzo de 2022, Trejos representó a la UPN en un acto oficial de la Asamblea Nacional, controlada por el FSLN, para conmemorar el Día del Periodista. Durante ese evento, reafirmó su «compromiso de informar con responsabilidad, profesionalismo y humanismo», según un reporte publicado en el portal oficial de la Asamblea.
Sin embargo, ni la lealtad histórica al sandinismo salvó a la UPN del desmantelamiento que la dictadura Ortega-Murillo ha ejecutado contra organizaciones de la sociedad civil. La resolución ministerial señala que la UPN incumplió con la entrega de estados financieros durante los períodos 2023-2024 y que su junta directiva estaba vencida desde mayo de 2017. Es decir, mientras públicamente seguía funcionando y participando en eventos oficiales, internamente había sido declarada en incumplimiento por el propio régimen.
Junto a la UPN, el Ministerio del Interior ordenó la cancelación de otras cinco organizaciones: la Fundación Proyectos Comunitarios para el Desarrollo Sostenible (PROCODES), la Asociación Interdenominacional Cristiana Ciudad de Dios Rivas Nicaragua (ACCDIOS R/N), la Asociación Ministerio Dios Vino a Dar Libertad a los Cautivos (AMIDIVILAC), la Asociación Héroes y Mártires del Terrero Blanco «Silvestre Ramírez Luna», y la Asociación de Iglesias Presbiterianas de Nicaragua (AIPN). Todas ellas fueron señaladas por no reportar estados financieros durante periodos que van de dos a siete años y por tener juntas directivas vencidas, lo que —según la dictadura— obstaculiza el control y la supervisión estatal.
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Además de estas seis organizaciones, el Acuerdo Ministerial No. 15-2025-OSFL oficializó la disolución «voluntaria» de otras nueve organizaciones sin fines de lucro. Según la resolución, estas entidades solicitaron su disolución por falta de recursos, disminución de miembros o imposibilidad de continuar sus proyectos en Nicaragua. Sin embargo, defensores de derechos humanos y fuentes vinculadas a estas organizaciones han señalado que muchas de estas disoluciones «voluntarias» son forzadas, ya que las amenazas de confiscación de bienes, el acoso estatal y la imposibilidad de gestionar fondos las colocan en una situación insostenible, obligándolas a disolverse para proteger lo poco que les queda.
Entre las organizaciones disueltas figuran la Asociación Nicaragüense Marvin Antonio Hernández Silva (ASONIMAHS), la Asociación Feria de la Tierra (FDT), el Movimiento Rural Cristiano de Monegros, la Asociación para la Diversificación y Desarrollo Agrícola Comunal, el Centro Promocional Cristiano por la Paz y la Vida, la Fundación Rainbow Network (ARCO IRIS), la Fundación Vínculos Estelí, el Instituto de Investigaciones y Consultorías Económicas y Sociales (ICES) y la internacional Terre Des Hommes Schweiz (Suiza). Estas cancelaciones elevan el total de organizaciones eliminadas a 15 en una sola jornada, lo que refuerza la arremetida del régimen Ortega-Murillo contra la libertad de asociación y los espacios cívicos en Nicaragua.
Con estas nuevas cancelaciones, la dictadura suma más de 3,500 organizaciones de la sociedad civil canceladas o forzadas a desaparecer desde 2018, según registros independientes. La liquidación de la UPN, históricamente un gremio sandinista, pone en evidencia que el control total de la vida cívica del país se impone incluso sobre estructuras alineadas ideológicamente con el régimen, y confirma que en Nicaragua no existe margen para la autonomía organizativa, ni siquiera dentro del propio sandinismo.
Esta es la lista del paquete de organizaciones canceladas:
- Fundación Proyectos Comunitarios para el Desarrollo Sostenible
- Asociación Interdenominacional Cristiana Ciudad de Rivas Nicaragua
- Unión de Periodistas de Nicaragua
- Asociación Ministerio Dios Vino a Dar Libertad a los Cautivos
- Asociación Héroes y Mártires del Terrero Blanco Silvestre Ramírez Luna
- Asociación de Iglesias Presbiterianas de Nicaragua
- Asociación Nicaragüense Marvin Antonio Hernández Silva
- Asociación Feria de la Tierra (FDT)
- Movimiento Rural Cristiano de Monegros
- Asociación para la Diversificación y Desarrollo Agrícola Comunal
- Centro Promocional Cristiano por la Paz y la Vida
- Fundación Rainbow Network (ARCO IRIS)
- Fundación Vínculos Estelí
- Instituto de Investigaciones y Consultorías Económicas y Sociales (ICES)
- Terre Des Hommes Schweiz (Suiza)
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