Más de tres meses después de la entrada en vigencia de la nueva Constitución Política de Nicaragua, aprobada por la mayoría sandinista en la Asamblea Nacional, los diputados del régimen siguen realizando supuestas jornadas de estudio para «abordar» el contenido del texto que ellos mismos ya refrendaron, sin debate ni deliberación pública.
El 19 de mayo, la Asamblea Nacional informó en su cuenta oficial en X que la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social avanzó en el análisis del título IX de la Carta Magna, relacionado con la «División Política Administrativa».
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Pero no es el único caso. El pasado 7 de mayo, la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales también «profundizó» en el estudio del «Preámbulo» y el título IV sobre los «Derechos, Deberes y Garantías del Pueblo Nicaragüense».
Ambas sesiones evidencian el papel decorativo y obediente de un Legislativo sometido a la voluntad de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que aprueba leyes y reformas constitucionales sin siquiera haberlas leído, debatido ni comprendido previamente.
La reforma constitucional fue ratificada en dos periodos legislativos consecutivos —diciembre de 2024 y enero de 2025— y entró en vigencia el 18 de febrero de este año. No obstante, sus artículos siguen siendo apenas «estudiados» por quienes la impusieron.
La situación es todavía más insólita al considerar que esta Constitución ya fue reformada nuevamente en abril con una modificación al artículo 23 y al artículo 25, mediante la cual se eliminó el derecho a la doble nacionalidad, una medida que ha sido denunciada como parte de la política de represión y desnacionalización impuesta por el régimen.
El contenido de la nueva Constitución, redactada a medida de la pareja dictatorial, concentra todo el poder en la Presidencia, elimina el balance de poderes, impone los símbolos del partido gobernante como emblemas nacionales, institucionaliza la copresidencia entre Ortega y Murillo, y allana el camino para una sucesión dinástica.
Mientras tanto, los diputados oficialistas continúan fingiendo un proceso de lectura pausada de un texto que debieron haber examinado antes de levantar la mano para aprobarlo. La práctica expone la absoluta subordinación del Parlamento, su nula independencia y la degradación institucional del país bajo el control del Frente Sandinista.
