El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo liberó el 18 de mayo a mil presos comunes bajo el «beneficio de convivencia familiar», un indulto aplicado tan solo diez días después de haber otorgado el mismo perdón presidencial a otros 1,700 reos de los diferentes penales de Nicaragua.
Estos indultos son aplicados por la dictadura en su línea de querer mostrarse como bondadosos y aprovechan estos actos como propaganda política. En el acto, la ministra de Interior, María Amelia Coronel Kinloch, explicó que estos presos comunes «se reintegran a sus hogares con una oportunidad nueva de rectificar y de servir a su familia, a ustedes mismos y a la patria».
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La funcionaria sandinista aconsejó a los indultados que «gocen de esta libertad con mucha responsabilidad porque las segundas oportunidades no se dan ni se repiten y queremos que tengan una mejor vida al igual que sus familias de la mano de Dios».
Días atrás, la codictadora de facto Rosario Murillo celebró esa liberación enmarcándola en un discurso cargado de insultos contra la disidencia y la prensa independiente. «Tenemos también este domingo (18 de mayo) lo que les molesta a los apátridas, a los golpistas, a los infames. Nueva liberación de personas. Estamos hablando de mil personas (…) que regresen a su familia este domingo», afirmó. Más adelante agregó que con esta medida se honra a Augusto C. Sandino.
Más de 53,600 mil presos comunes liberados desde 2015
Con esta nueva excarcelación de 1,000 reclusos, el régimen de Ortega y Murillo acumula un total de 53.664 presos comunes liberados en los últimos diez años. Según declaraciones oficiales ofrecidas el pasado 14 de febrero, cuando se liberaron otros 2.000 reos, entre el 2015 y el inicio de 2025 ya se habían otorgado medidas de convivencia familiar a 48.964 personas condenadas por delitos comunes.
Las cifras oficiales de la Policía indican que el 8 % de los excarcelados habría reincidido, aunque no se han brindado datos específicos sobre los nuevos delitos ni las consecuencias legales para quienes reincidieron.
Reos comunes sí, presos políticos no
Mientras la dictadura sigue otorgando libertad a delincuentes comunes —incluidos condenados por robo, violencia intrafamiliar y tráfico de drogas—, más de 100 presos políticos continúan encerrados en el país. Muchos de ellos son víctimas de tortura, aislamiento extremo, incomunicación y otras formas de trato cruel. Algunos, incluso, han sido catalogados como desaparecidos por organizaciones como el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, debido a que fueron trasladados sin previo aviso y se desconoce su paradero.
Todos ellos permanecen privados de libertad sin recibir ningún tipo de beneficio, en una clara aplicación de justicia selectiva que ha sido denunciada como crimen de lesa humanidad por organismos internacionales como el Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONU.
El régimen ha utilizado reiteradamente estas excarcelaciones masivas como instrumentos de propaganda, presentándolas como gestos humanitarios mientras refuerza su discurso de odio contra los opositores y los medios de comunicación que documentan sus abusos.
Mientras los reos comunes reciben ceremonias públicas de excarcelación y discursos oficialistas que les dan «una nueva oportunidad», los presos políticos enfrentan el olvido, la censura y la represión sistemática. La contradicción entre ambas realidades evidencia no una política de reconciliación, sino una estrategia de control político, miedo y castigo.
