Poly Technologies Inc., también conocida como PolyTech, es una poderosa empresa estatal china fundada en 1984, especializada en la exportación de armamento, municiones, tecnología militar y sistemas de defensa avanzada. La compañía es una subsidiaria directa de China Poly Group Corporation, un conglomerado controlado por el Consejo de Estado de la República Popular China, bajo la supervisión de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales (SASAC). Con sede en Pekín, Poly Technologies ha sido durante décadas un actor central en el comercio internacional de armas, con operaciones en casi 100 países y una reputación que combina poder económico, sofisticación tecnológica y controversias políticas.
La empresa ha sido señalada como uno de los principales exportadores de armas del Estado chino, proporcionando desde rifles de asalto hasta sistemas antiaéreos, drones kamikaze, radares, y vehículos militares blindados y naves no tripuladas con capacidad de portar misiles antiblindaje a gobiernos de todo el mundo.
Entre sus principales clientes se encuentran países de Asia, África, América Latina y Europa del Este. Notablemente, ha mantenido vínculos con Rusia, suministrando componentes para helicópteros militares Mi-8 y Mi-171, incluso después de la invasión de Ucrania en 2022. Además, ha exportado armas y municiones a naciones como Nigeria, Pakistán, Uganda y Zimbabwe. Además, ha participado en operaciones de ingeniería y tecnología para sectores como el transporte, los servicios digitales y la ciberdefensa. En el pasado, intentó enviar armas a Zimbabue durante la crisis electoral de 2008, aunque el cargamento fue bloqueado en puertos sudafricanos. También ha tenido relaciones comerciales con entidades de defensa en países como Bangladesh, Sri Lanka y Argelia.
En el ámbito civil, aunque Poly Technologies se centra principalmente en clientes gubernamentales, ha habido casos donde versiones civiles de sus armas fueron importadas por empresas privadas antes de la implementación de ciertas restricciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, algunas armas de Poly Technologies fueron importadas antes de las prohibiciones y ahora son consideradas de interés para coleccionistas. Sin embargo, debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países, las transacciones con la empresa están sujetas a estrictas regulaciones, limitando su capacidad para operar en ciertos mercados internacionales.
Aunque no cotiza directamente en bolsa, su empresa matriz controla varias compañías que sí lo hacen, como Poly Developments and Holdings (en la Bolsa de Shanghái) y Poly Property Group y Poly Culture Group (ambas en la Bolsa de Hong Kong).
En este contexto, el nombre de Poly Technologies volvió a la escena nicaragüense el pasado 11 de mayo de 2025, cuando Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente Daniel Ortega y de la vicepresidenta Rosario Murillo, firmó en Pekín un acuerdo con esta empresa china en el marco de la IX Reunión Ministerial del Foro China-CELAC. Según el reporte oficial del régimen, el contrato tiene como objetivo fortalecer la capacidad del Ejército de Nicaragua mediante la adquisición de equipos militares avanzados. La dictadura lo presentó como un paso para «consolidar la defensa de la soberanía nacional y la paz», aunque no se detallaron los tipos de armas o sistemas que serán adquiridos ni el monto de la operación. El acuerdo se firmó junto a otros convenios estratégicos con Huawei y otras empresas chinas de tecnología, transporte y logística.
La alianza entre Nicaragua y Poly Technologies, sin embargo, ha encendido las alarmas en sectores de seguridad y diplomacia internacional. La empresa ha sido sancionada en varias ocasiones por el gobierno de Estados Unidos. La más reciente fue el 12 de junio de 2024, cuando el Departamento del Tesoro la incluyó en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) tras determinar que facilitaba la venta de tecnología militar a empresas de defensa rusas sancionadas, en plena guerra en Ucrania. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), Poly Technologies «contribuyó directamente a la capacidad ofensiva de Rusia, ayudando al Kremlin a evadir sanciones internacionales y manteniendo el flujo de componentes militares clave». Como resultado, toda relación financiera o comercial de entidades estadounidenses con esta empresa quedó prohibida, y sus activos fueron congelados.
Estas no fueron las únicas sanciones impuestas. Ya en enero de 2022, el Departamento de Estado de EE. UU. había penalizado a Poly Technologies bajo la Ley de Control de Exportaciones de Armas, argumentando que había participado en actividades de proliferación de tecnología de misiles. El comunicado oficial detalló que la empresa había transferido tecnología y componentes relacionados con sistemas de misiles balísticos a terceros países, lo que violaba compromisos internacionales de no proliferación. Las sanciones incluyeron la prohibición de nuevos contratos con agencias federales estadounidenses, la negativa de licencias para exportación de productos y una serie de restricciones financieras.
Poly Technologies ya ha estado involucrada en otras operaciones cuestionadas. En 2008, intentó enviar un cargamento de armas a Zimbabue durante la crisis electoral de ese país, lo que fue bloqueado por puertos de Sudáfrica y otros países vecinos. En años recientes, también ha firmado convenios con gobiernos como el de Mauritania —acuerdo que fue cancelado en enero de 2025 precisamente por la imposibilidad de transferencias financieras debido a las sanciones impuestas por EE. UU.
Para Nicaragua, este convenio con una empresa de semejante historial plantea implicaciones serias. En primer lugar, por el riesgo de quedar aún más alineada con actores internacionales sancionados por el sistema multilateral. En segundo lugar, por la opacidad con la que se gestionan estos acuerdos, sin pasar por procesos de licitación ni discusión pública o legislativa. Y en tercer lugar, porque fortalece aún más el brazo armado de una dictadura que ha utilizado a su Ejército para consolidar un régimen represivo, acusado por organismos internacionales de cometer crímenes de lesa humanidad.
Estados Unidos ha advertido en múltiples foros sobre los peligros de las relaciones militares con empresas sancionadas por su involucramiento en la guerra, la proliferación de armas y el espionaje transnacional. Para Washington, permitir que compañías como Poly Technologies extiendan su influencia en América Latina representa una amenaza para la estabilidad regional y para los compromisos asumidos por países del hemisferio en materia de derechos humanos, transparencia y no proliferación.
La pregunta que queda abierta es: ¿por qué Nicaragua, un país que ha sido señalado por graves violaciones a los derechos fundamentales, decide ahora estrechar lazos con una empresa militar sancionada, en medio de su aislamiento internacional y bajo vigilancia de múltiples organismos multilaterales? La respuesta parece radicar en el modelo de alianzas estratégicas que la dictadura de Ortega y Murillo ha escogido: una red de poder opaca, autoritaria, y cada vez más dependiente de China y Rusia.
