La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) ha emitido una grave advertencia sobre la crisis que atraviesa su capacidad operativa en Costa Rica, país que acoge a la mayor población de nicaragüenses desplazados en el mundo. A través de una serie de publicaciones divulgadas esta semana, ACNUR confirmó que su presupuesto se ha reducido en un 41 %, lo que ya ha provocado la suspensión o reducción drástica de servicios esenciales para miles de personas refugiadas y solicitantes de asilo, en su mayoría provenientes de Nicaragua.
«Más de 245.000 nicaragüenses han buscado protección en Costa Rica», indicó la agencia, que también advierte que el sistema de asilo costarricense está «bajo presión». La situación es crítica: más de 222.000 solicitudes siguen pendientes de resolución, y la capacidad de registro —es decir, el primer paso para acceder a derechos básicos— se ha reducido en un 77 %, lo que atrasa el acceso a documentación legal, atención médica, educación y empleo formal.
Los servicios que ya han sido afectados por los recortes incluyen asistencia jurídica, apoyo en salud mental, protección de la niñez y programas para promover la inserción laboral de las personas refugiadas. Según ACNUR, «las necesidades humanitarias alcanzan niveles críticos», lo que representa un llamado de urgencia a la comunidad internacional para evitar el colapso del sistema de protección.
Éxodo nicaragüense no se detiene
La situación de vulnerabilidad de los nicaragüenses en Costa Rica es parte de un fenómeno migratorio que se ha intensificado desde abril de 2018, cuando estallaron las protestas sociales contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, duramente reprimidas por policías, militares y grupos parapoliciales. Desde entonces, más de un millón de nicaragüenses han abandonado el país, según estimaciones de organizaciones de derechos humanos y datos de gobiernos receptores.
Costa Rica ha sido uno de los principales destinos de este éxodo. El país, que históricamente ha tenido una política de acogida solidaria, concentra actualmente a más de la mitad de los nicaragüenses que han salido al exilio. El número de solicitudes de refugio se ha multiplicado de manera exponencial desde 2018, convirtiendo a la población nicaragüense en el principal grupo solicitante de protección en territorio costarricense.
Estados Unidos es otro destino crucial en esta crisis. Según datos oficiales, al menos 260.000 nicaragüenses han sido detenidos por la Patrulla Fronteriza en la frontera sur entre 2021 y 2024, y una parte considerable de ellos ha solicitado asilo alegando persecución política. La represión en Nicaragua no ha cesado; al contrario, se ha profundizado con nuevas oleadas de persecución contra activistas, periodistas, defensores de derechos humanos, sacerdotes y familiares de víctimas de la represión estatal.
Sistema de protección seriamente golpeado
El colapso del sistema de protección en Costa Rica significaría un golpe devastador para la población refugiada. La falta de documentación y asistencia jurídica expone a las personas exiliadas a una situación de ilegalidad forzada, sin posibilidad de acceder a derechos básicos ni de reconstruir sus vidas con dignidad. La reducción de los servicios de salud mental y apoyo a la niñez agrava aún más el impacto psicológico y social que enfrentan las familias refugiadas.
ACNUR ha insistido en que la comunidad internacional debe redoblar su apoyo financiero y político para sostener los mecanismos de protección y evitar que miles de personas queden en la total desprotección. El llamado no solo busca restablecer servicios, sino también preservar el derecho al refugio como un instrumento que salva vidas frente a regímenes represivos como el de Nicaragua.
