La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ascendió al grado de coronel general a los mayores generales Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, jefe del Estado Mayor General, y Marvin Elías Corrales Rodríguez, inspector general del Ejército de Nicaragua. El ascenso se oficializó mediante el Acuerdo Presidencial 66-2025, publicado este viernes, 9 de mayo, en La Gaceta, Diario Oficial, y responde al nuevo marco jurídico impuesto por la Constitución sandinista aprobada en febrero de 2025, que refuerza el control absoluto del Ejecutivo sobre las fuerzas armadas.
Con este movimiento, Ortega y Murillo alinean formalmente al Ejército con su nuevo andamiaje constitucional, pero también consolidan su control sobre la cúpula militar al premiar a dos figuras señaladas internacionalmente por violaciones graves a los derechos humanos. Los ascensos no obedecen a méritos profesionales ni a una trayectoria destacada en el ámbito militar, sino a su lealtad política y a su papel en la represión estatal ejecutada desde 2018.
Ambos oficiales han sido identificados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas como responsables de crímenes de lesa humanidad. En su informe de abril de 2025, los expertos los incluyeron entre los 54 altos funcionarios nicaragüenses acusados de participar en asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y represión sistemática contra la población civil. El informe detalla que el Ejército de Nicaragua ha sido parte activa del aparato represivo y que bajo el mando de Rodríguez y Corrales se proporcionaron armas y entrenamiento a grupos paramilitares.
Bayardo Rodríguez, en particular, fue mencionado como figura clave en la cadena de mando militar durante la represión de las protestas de abril de 2018. El 20 de abril de ese año, leyó una orden presidencial ante jefes militares para «neutralizar» las protestas, lo que dio paso al uso de fuerza letal contra la población civil, en coordinación con la Policía Nacional y estructuras parapoliciales.
Ambos generales también fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 10 de enero de 2022, bajo acusaciones de estar directamente involucrados en «actos de violencia estatal contra manifestantes, líderes opositores y ciudadanos desarmados». La sanción establece que «estas personas han facilitado o participado en abusos de derechos humanos graves y sistemáticos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias en beneficio del régimen de Ortega-Murillo».
El nuevo rango de coronel general, inexistente previamente en la estructura castrense nicaragüense, fue creado como parte de la reconfiguración jurídica introducida por la Constitución sandinista. Su aplicación práctica permite al régimen elevar a posiciones excepcionales a sus operadores más confiables, formalizando un mando militar personalizado, subordinado enteramente al poder presidencial.
La comunidad internacional ha manifestado su preocupación por la consolidación de una dictadura militarizada en Nicaragua, donde las instituciones armadas operan bajo impunidad. Organismos de derechos humanos han instado a que los responsables de estos crímenes sean llevados ante tribunales internacionales y han llamado a una profundización de las sanciones contra quienes sostienen el aparato represivo del régimen.
Este ascenso no solo reafirma la fidelidad del Ejército a la dictadura, sino que sella un pacto de impunidad con figuras que ya han sido deslegitimadas por la comunidad internacional y convertidas en símbolos de la violencia estatal.
