Mediante una carta dirigida a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) urge a los congresistas a aplicar más sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega y su círculo represor, entre ellos el Ejército de Nicaragua.
La organización política juvenil también insta a las autoridades estadounidenses a implementar tanto la Ley Renacer como la NICA-ACT en contra del gobierno sandinista. La misiva está firmada por Max Jerez y Lesther Alemán; presidente y vocero de AUN, respectivamente.
Esta iniciativa del bloque estudiantil opositor se efectúa tras la escalada represiva contra los nicaragüenses y el más reciente discurso virulento y de odio del jefe del Ejército, Julio César Avilés; quien despotricó y atacó al periodismo independiente de Nicaragua.
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Por otra parte, en la misiva, AUN expone a los congresistas que la dictadura de Ortega aún mantiene a «74 pesos políticos sometidos a torturas y encarcelados bajo condiciones inhumanas; 28 universidades han sido confiscadas, afectando a miles de estudiantes; más de 250,000 nicaragüenses han sido forzados al exilio y los que permanecen, viven en constante zozobra».
Denuncia además que «el régimen de Ortega se sostiene por la narco-corrupción, manipulación del Poder Judicial y Legislativo, violencia policial y complicidad militar. Desde 2018 el ejército ha sido una pieza clave en las acciones represivas del gobierno, brindando entrenamiento táctico, realizando espionaje, y participando en ataques armados contra la población. A pesar de múltiples reportes e incluso admisiones públicas por parte de Ortega, ningún cuerpo gubernamental ha hecho esfuerzo alguno por investigar estas ofensas».
«Nuestra organización ha sufrido en carne propia las consecuencias de la alianza entre ejército y régimen, cuando dos de nuestros miembros fueron ilegalmente detenidos e interrogados por el ejército para luego ser trasladados y entregados a la policía sandinista», agrega.
Asimismo, el bloque opositor señala que la Iglesia católica «es nuevamente el punto focal de la obsesión de los Ortega-Murillo. Desde 2018 se han documentado más de 529 ataques contra la libertad religiosa, incluyendo la injusta encarcelación del obispo Rolando Álvarez y varios sacerdotes, el exilio forzado de más de 32 religiosos, la prohibición de múltiples expresiones de fe y la confiscación de monasterios, bienes privados y universidades».
«La política de exilio, cárcel o muerte que ha implementado la dictadura, ha resultado en el mayor éxodo en la historia reciente de nuestro país, y ha dejado una deuda de más de 350 ciudadanos asesinados, cienes encarcelados y miles torturados. Una sola víctima es inaceptable», subraya.
En ese sentido, AUN urge a los legisladores estadounidenses «promover sanciones contra la dictadura y el Ejército de Nicaragua, una institución implicada en serias violaciones a los derechos humanos».
Además, insta a «coordinar esfuerzos para documentar todas las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, a la vez que se presione por la pronta y definitiva liberación de todos los presos políticos».
