El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha oficializado este lunes 6 de mayo la instalación de diez salas de audiencias judiciales virtuales en los sistemas penitenciarios de Tipitapa, presentándolas como parte de un «proyecto emblemático» para modernizar el sistema judicial. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que esta medida no representa un avance legal, sino la oficialización e institucionalización de un mecanismo arbitrario que ya fue aplicado en los últimos años contra prisioneros políticos.
Siete de las salas fueron instaladas en el Sistema Penitenciario Nacional Jorge Navarro (conocido como «La Modelo») y tres en el Centro Penitenciario Integral de Mujeres, según informó la dictadura a través de sus operadores represivos de los sistemas penitenciarios. Desde estas instalaciones, aseguran que se podrán realizar más de mil audiencias mensuales sin necesidad de trasladar a los reos a los juzgados, lo que —según el discurso oficial— permitirá «agilizar procesos» y «garantizar condiciones humanas» a las personas privadas de libertad.
La subcomisionada Aleyda Valle, directora de control penal nacional, afirmó ante los medios oficialistas que «en todos los sistemas penitenciarios se realizan unas 1 mil 152 audiencias mensuales y en el complejo Jorge Navarro unas 50 audiencias virtuales mensuales». Añadió que estas salas permitirán «reducir el riesgo en el caso del traslado de los reos a los juzgados, pues puede producirse un accidente, podemos prevenir atentados a las autoridades judiciales, también esto contribuye a reducir la retardación de justicia».
Por su parte, la subcomisionada Jacqueline Huete, directora del Centro Penitenciario Integral de Mujeres, insistió en el supuesto carácter humanitario de estas instalaciones: «El día de hoy estamos inaugurando estas salas de audiencia virtuales. Nuestro buen gobierno busca brindar mejores condiciones a nuestras detenidas en el aspecto judicial, cumpliendo con la justicia, cumpliendo con los derechos de nuestras presas. Como pudieron ver, la sala tiene la climatización, las condiciones humanas».
Pero lo que el régimen presenta como un avance tecnológico, en realidad formaliza un método ya utilizado durante los procesos judiciales ilegales contra presos políticos, muchos de los cuales denunciaron haber sido sometidos a audiencias virtuales desde las cárceles, sin acceso a un juicio oral y público, sin presencia de la prensa ni condiciones mínimas de defensa. Estas audiencias se realizaron en entornos penitenciarios fuertemente militarizados, bajo control absoluto del régimen y con resoluciones definidas de antemano por la estructura judicial subordinada a la pareja dictatorial.
Para el abogado Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos, exiliado en Costa Rica y despojado de su nacionalidad y bienes en 2023, esta medida representa «la consolidación de un modelo de arbitrariedad». En declaraciones a Artículo 66, Carrión afirmó: «El régimen ha buscado cómo poner a la medida de la arbitrariedad, a la medida de la tiranía, lo que se llama un legal y debido proceso. Son de las cosas que han pisoteado. Para que nadie les alegue que han violentado el orden jurídico, hasta han tratado de hacer cambios desde la Constitución, que la destruyeron, para calzar todo hecho a ese abuso de poder».
Carrión recordó que la «Constitución destruida» por el régimen (antes de la reforma publicada el 18 de febrero de 2025) establecía que una persona detenida debía ser presentada ante un juez en un plazo máximo de 48 horas, con pleno respeto a su derecho a la defensa, a la presunción de inocencia y a la notificación familiar. «Todo eso fue eliminado de facto. Ahora pretenden presentar como legal y moderno lo que nació como una herramienta de represión», señaló. Y añadió: «Cuando se hace una audiencia dentro de una prisión, no hay ninguna posibilidad de libertad. El encierro es sinónimo de intimidación. Está rodeado de fusiles, el abogado está sometido al ambiente de represión, y no existe acceso público. Nada de eso puede considerarse justicia».
Según el jurista, este modelo solo profundiza la criminalización y represión contra quienes han sido privados arbitrariamente de libertad. «Tan lejos están de garantizar un proceso legal, que lo único que hacen es institucionalizar la injusticia. Realizar audiencias virtuales en cárceles, aunque las pinten con tecnología y climatización, es hacerlas bajo intimidación. Están lejos de ser juzgados, lejos de ser palacios de justicia, son escenografías para justificar la arbitrariedad», concluyó Carrión.
