El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció que el régimen de Daniel Ortega continúa realizando «audiencias secretas» en contra de los principales liderazgos de oposición que mantiene encarcelados por supuestamente violar la Ley 1055, Ley de Soberanía. La mayoría de las comparecencias tienen como escenario la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como «El Nuevo Chipote».
El Cenidh catalogó estas acciones de la dictadura como «otro día de ilegalidad» porque a los presos políticos les niegan todos los derechos como escoger un abogado defensor. Según el organismo, estas audiencias son una violación a las garantías del debido proceso. Artículo 66 conoció que el defensor del preso político Félix Maradiaga tuvo acceso a la audiencia inicial. Los familiares de los reos de conciencia no pudieron ingresar a la audiencia, igual que sucedió con el caso contra Cristiana Chamorro y extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).
Los líderes políticos que enfrentan el proceso judicial este viernes, tres de septiembre, son: Juan Sebastián Chamorro, José Pallais Arana, Violeta Granera Padilla, Félix Maradiaga Blandón, Tamara Dávila y Dora María Téllez. El Cenidh alertó de esta situación a las organizaciones internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas (OACNUDH) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni).
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A los detenidos le imputan el supuesto delito de «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua».
Desde finales de mayo, el dictador ordenó el arresto de más de 30 liderazgos opositores, capturó a siete aspirantes presidenciales, empresarios, estudiantes, campesinos, exdiplomáticos, periodistas y una defensora de derechos humanos. Todos están detenidos por supuestamente violar la Ley 1055, instrumento jurídico creado para inhibir a cualquier disidente de las órdenes del régimen.
El dos de septiembre, la Fiscalía orteguista confirmó que se realizó la audiencia inicial contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios y a los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH). A Chamorro la acusan por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos. Además, le imputan apropiación y retención indebida.