Ejército de Nicaragua reporta capturas por minería ilegal, pero ambientalistas cuestionan su inacción en la Reserva Indio Maíz

El Ejército de Nicaragua informó esta semana sobre la captura de diez personas vinculadas a actividades de minería ilegal en zonas fluviales del departamento de Río San Juan. Sin embargo, organizaciones ambientalistas han puesto en duda la efectividad y autenticidad de estas acciones, señalando que el propio Ejército ha sido permisivo ante la devastación ambiental que ocurre dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz.

Según la Nota Informativa N.º 019/2025 emitida por el Destacamento Militar Sur, entre el 15 y el 28 de abril, las tropas retuvieron a diez ciudadanos nicaragüenses en los sectores de La Venada, Boca de Bartola, La Pradera y Agua Fresca. A los detenidos se les incautaron «2 embarcaciones con motor fuera de borda, 100 candelas de explosivos, 6 estaciones de radio portátiles, 20 quintales de cal, 2 motosierras, 2 rotomartillos y 2 generadores eléctricos», todos equipos comúnmente utilizados en procesos de extracción minera artesanal.

El Ejército asegura que estas operaciones forman parte de su misión de «defensa de la patria» y que los objetos ocupados fueron entregados a las autoridades correspondientes. Sin embargo, diversos sectores consideran que estas acciones son tardías, aisladas y carecen de profundidad para enfrentar la magnitud de la minería ilegal, sobre todo en territorios protegidos como Indio Maíz.

Para el ambientalista Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, lo que reporta el Ejército confirma que los insumos están efectivamente dirigidos a sostener operaciones de minería ilegal dentro de la reserva. «Lo que reportan, sobre todo en el inciso 3, son materiales vinculados a los procesos de extracción minera que se están desarrollando dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, en la zona entre Bartola y Boca de San Carlos, que es por los corredores donde entran los invasores a desarrollar minería ilegal», explicó.

Ruiz advierte que, aunque el Ejército ha interceptado materiales en los ríos, ha sido incapaz o ha carecido de voluntad política para ingresar a los núcleos de actividad minera ilegal. «El Ejército no ha entrado a la zona, ni ha desalojado a la gente que vive en la champa, que son alrededor de entre 3.000 y 4.000 personas», denunció. Agregó que, mientras la fuerza militar no actúe dentro del territorio, las operaciones mineras seguirán avanzando impunemente.

«Por más que vos, como institución, tratés de detener sobre el río a las personas que transportan estos materiales, tendrías que estar permanentemente ahí, en el sitio, para poder realmente detener los procesos de actividad minera. Y eso no es posible para el Ejército», afirmó. A su juicio, lo que se presentan como resultados operativos son, en realidad, medidas «ineficientes» que no tocan la raíz del problema.

La Reserva Biológica Indio Maíz, una de las más importantes del país y del corredor biológico mesoamericano, ha sido objeto de constantes denuncias por parte de comunidades indígenas, ambientalistas y organizaciones internacionales. Las invasiones, la ganadería extensiva y la minería ilegal han causado una destrucción progresiva de su ecosistema, mientras el Estado —y en particular el Ejército, que tiene presencia permanente en la región— ha sido señalado de omisión o complicidad.

A lo largo de los últimos años, la Fundación del Río y otras organizaciones han documentado el avance de campamentos ilegales, estructuras extractivas y rutas fluviales utilizadas para ingresar maquinaria y dinamita a zonas protegidas. Estas denuncias no han derivado en operaciones contundentes ni en procesos judiciales visibles contra los responsables de la destrucción.

El reporte del Ejército se produce, además, en medio de crecientes cuestionamientos sobre su rol en el resguardo de los recursos naturales del país, y sobre su vinculación directa con otros sectores de poder económico. Varios informes han advertido que, lejos de detener la minería ilegal, las fuerzas armadas permiten su expansión o actúan selectivamente, sólo cuando conviene a intereses políticos o de imagen institucional.