La portavoz gubernamental y vicepresidenta de facto de Nicaragua, Rosario Murillo, negó este jueves que las relaciones diplomáticas entre el régimen de Daniel Ortega y el Vaticano estén rotas, y aseguró que dichas relaciones se encuentran «suspendidas» debido a circunstancias que, según ella, no fueron provocadas por el Gobierno nicaragüense. En su acostumbrada alocución a través de medios oficialistas, Murillo trató de desviar la responsabilidad de la grave fractura diplomática, culpando a «los de siempre» de promover «discordias» y «calumnias».
«Decíamos que, hemos dejado claro en otros momentos que nuestras relaciones con el Vaticano, aunque accidentadas, no están rotas, están suspendidas», afirmó Murillo. La vocera también insistió en que «no es responsabilidad ni del pueblo ni del Gobierno de Nicaragua» el deterioro de las relaciones con la Santa Sede, pese a que fue su propio régimen quien expulsó en 2022 al entonces nuncio apostólico, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, de manera abrupta y sin explicaciones formales.
El distanciamiento entre la dictadura sandinista y la Iglesia Católica ha estado marcado por una intensa persecución contra obispos, sacerdotes, religiosas y fieles laicos, que ha incluido encarcelamientos, destierros forzados, confiscaciones de bienes eclesiales, cierres de medios de comunicación católicos y acusaciones infundadas de conspiración.
Una relación marcada por la represión y el desprecio
El discurso de Murillo contrasta abiertamente con los hechos. Desde la rebelión cívica de abril de 2018, el régimen de Ortega y Murillo ha intensificado la represión contra la Iglesia Católica, acusándola de ser «golpista» por haber protegido a manifestantes heridos y alzar su voz en defensa de los derechos humanos.
A lo largo de estos años, numerosos religiosos han sido encarcelados bajo cargos fabricados, entre ellos monseñor Rolando Álvarez, quien fue sentenciado a más de 26 años de prisión antes de ser desterrado. También fueron expulsados del país misioneros, monjas, y se cerraron obras de caridad y emisoras católicas en toda Nicaragua.
Incluso el Papa Francisco, conocido por su habitual moderación diplomática, llegó a calificar públicamente a la dictadura de Ortega como «una dictadura grosera» durante una entrevista en 2023, al referirse a la persecución desatada contra la Iglesia nicaragüense. Francisco también comparó la situación en Nicaragua con las peores dictaduras del siglo pasado.
El régimen impone a su delegado en las exequias del Papa
En medio de este clima de hostilidad hacia la Iglesia, la dictadura nicaragüense ha enviado a una delegación oficial al Vaticano para participar en las exequias del Papa Francisco. Rosario Murillo confirmó que el embajador de Nicaragua en España, Mauricio Gelli, encabeza la delegación, acompañado por su esposa Fara Gutiérrez y la embajadora nicaragüense en Italia, Mónica Robelo.
La imposición de Gelli como jefe de la misión, por encima de la embajadora en Italia, ha generado críticas dentro y fuera del círculo diplomático, debido a su perfil considerado «controversial» y a su historial de lealtad irrestricta al régimen de Ortega y Murillo. De manera estratégica, Gelli ha posado para fotografías junto al cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua, imágenes que el régimen ha divulgado para intentar proyectar una imagen de «normalidad» en sus relaciones con la Iglesia Católica.
El cardenal Brenes, quien viajó al Vaticano para participar en las ceremonias fúnebres, se ha visto así acompañado por una delegación oficialista que busca capitalizar mediáticamente su presencia, en un intento por lavarle la cara a la dictadura en medio de las denuncias internacionales por su brutal persecución religiosa.
La participación de la delegación oficialista en las ceremonias del Vaticano deja al desnudo un nuevo intento de la dictadura por aprovechar espacios internacionales para legitimar su imagen, a pesar de su historial de violaciones a los derechos humanos y la libertad religiosa.
Mientras Rosario Murillo intenta minimizar la gravedad de la crisis diplomática alegando que las relaciones no están «rotas», la represión contra los creyentes y el desprecio al derecho fundamental de libertad religiosa continúan sintiéndose en las iglesias y parroquias de toda Nicaragua, donde el régimen no solo ha cerrado iglesias, sino que ha intentado reemplazar las expresiones de fe por un culto a la figura presidencial.
