GHREN confirma que militares vestidos de civil y cadetes de la Escuela Militar de Sargentos actuaron como paramilitares

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) expuso paso a paso cómo operaron los grupos armados progubernamentales, conocidos como paramilitares y armados por el Estado a partir de abril de 2018 para sofocar las protestas contra Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Los abogados determinaron que los parapolicías no actuaron de forma espontánea o autónoma, sino como parte de un engranaje sistemático de represión y control territorial al servicio del poder estatal.

«Estas acciones han estado marcadas por violencia física y sicológica, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes», declaró el GHREN. «Operan en coordinación con estructuras estatales, lo que ha permitido la consolidación de un mecanismo de coerción paraestatal con altos niveles de impunidad», agregó el grupo de expertos de la Organización de Naciones Unidas.

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En el informe Instituciones y personas responsables de los principales patrones de violaciones y abusos de los derechos humanos y crímenes perpetrados en Nicaragua desde abril de 2018 se resalta que una de las claves de la efectividad de los paramilitares es la movilidad rápida y táctica.

El GHREN documentó que en 2018, estos grupos se desplazaban en «caravanas de hasta 20 vehículos, incluyendo camionetas de doble cabina y motocicletas sin placas». Esta logística les permitía desplazarse con rapidez entre ciudades, intervenir en focos de protesta y evadir cualquier forma de identificación formal.

Para operar con impunidad, los civiles armados usaban ropa camuflada, pasamontañas o cascos para cubrir sus rostros. Además, «implementaban un sistema de identificación variable, cambiando diariamente los colores de sus camisetas o utilizando brazaletes distintivos», una forma de operar que, según el GHREN, «dificulta su rastreo e identificación».

Participación de militares de civil

En estos operativos no solo hubo civiles armados. El GHREN constató que «militares vestidos de civil fueron incorporados a estos grupos», e incluso que «cadetes de la Escuela Militar de Sargentos fueron enviados con camisetas de empresas del Estado», lo que revela la complicidad institucional y el uso de recursos estatales para sostener estas operaciones, pese a que el Ejército ha negado esos señalamientos.

La institución militar tampoco hizo nada para desarmar a esos hombres armados que se paseaban y disparaban armas de alto calibre que solo tiene en su poder la Policía y el Ejército. Los ataques ellos mismos los retrataban a través de videos y fotografías que difundían a través de redes sociales.

En esos operativos de 2018, quedó plasmado, de acuerdo con el GHREN, que los militares aplicaban tácticas de cerco y ataque propias de contextos militares. En la represión de 2018, estos grupos jugaron un rol clave en la “Operación Limpieza”, utilizando «armamento de guerra y disparando indiscriminadamente contra los manifestantes».

En palabras del GHREN, su función fue «desmantelar barricadas, disolver concentraciones de protesta y reprimir el disenso mediante el uso de la fuerza letal».

Captura, entrega y desaparición

Además de reprimir protestas, los paramilitares actuaron y actúan como brazo ejecutor de detenciones arbitrarias. El GHREN señaló que estos grupos «capturaron y entregaron a personas opositoras o percibidas como tales a las autoridades, en coordinación con la Policía Nacional o de forma autónoma».

Estas detenciones se caracterizaron por «el uso excesivo e innecesario de la violencia», y en múltiples casos derivaron en «desapariciones forzadas y detenciones en lugares clandestinos».

Tras el inicio de las protestas en 2018, el control del espacio público fue intensificado mediante patrullajes, bloqueos y vigilancia en iglesias, universidades, barrios y viviendas particulares. Según el GHREN, estos operativos fueron realizados por «civiles armados sin identificación oficial, en coordinación con fuerzas policiales y militares que les brindan respaldo logístico y operativo».

La movilidad en motocicletas facilitó «ataques rápidos», mientras que los operativos conjuntos entre fuerzas irregulares, Policía y Ejército reflejan «un grado avanzado de coordinación y sofisticación».

Acoso permanece

Luego de 2018, la represión se transformó en vigilancia y acoso prolongado. El GHREN ha documentado «seguimientos en vehículos sin placas, vigilancia en residencias de opositores, amenazas digitales y campañas de desprestigio». Además, operan redes de informantes en universidades y comunidades que permiten la «identificación y persecución selectiva de disidentes».

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También se han registrado ataques a medios independientes y organizaciones de derechos humanos. Las acciones han incluido «allanamientos, confiscación de equipos, robo de información sensible y campañas de propaganda para justificar la represión».

Las operaciones de estos grupos armados no son actos desorganizados o espontáneos. Por el contrario, el GHREN afirmó que los operativos conjuntos muestran «disciplina, coordinación y cooperación», lo que evidencia «la existencia de un plan de acción previamente acordado».