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Oposición exige a la CELAC actuar con congruencia y denunciar el «deterioro alarmante» de los derechos humanos en Nicaragua

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), organización opositora nicaragüense, dirigió una carta pública a los participantes de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se celebrará este 9 de abril en Honduras, en la que urge al bloque regional a pronunciarse con firmeza y coherencia frente a la crisis … Continuar leyendo
Por Artículo 66 abril 8, 2025
Ortega no irá a Celac. «Tiene pánico a salir de su celda», dice McFields
Ortega y la Celac

La Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), organización opositora nicaragüense, dirigió una carta pública a los participantes de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que se celebrará este 9 de abril en Honduras, en la que urge al bloque regional a pronunciarse con firmeza y coherencia frente a la crisis de derechos humanos en Nicaragua.

«Nos dirigimos a ustedes (…) para expresar nuestra profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Nicaragua», inicia la misiva. La UNAB denuncia un «deterioro alarmante en el respeto y la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos nicaragüenses», incluyendo «muertes, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, cárcel, exilio, destierro, despojos de nacionalidad y confiscaciones».

En su llamado, la UNAB recuerda que informes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), de la Organización de Naciones Unidas, han documentado ampliamente las violaciones cometidas por el régimen de Daniel Ortega, incluyendo «represión, detenciones arbitrarias, torturas y la criminalización de la disidencia política».

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La carta destaca que «la situación actual en Nicaragua es crítica» y que la represión «se ha intensificado, afectando no solo a líderes políticos y activistas, sino también a ciudadanos comunes que se atreven a alzar su voz».

En este contexto, la UNAB subraya la responsabilidad política y moral de los países miembros de la CELAC de actuar con principios claros. El gobierno de Honduras, anfitrión de la cumbre y dirigido por Xiomara Castro, en votaciones previas ante instancias internacionales se ha abstenido de condenar las violaciones en Nicaragua.

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«Es fundamental que la comunidad internacional, y en particular los miembros de la CELAC, tomen conciencia de esta realidad y actúen en consecuencia», señala la carta. La organización concluye con un llamado a unirse en la búsqueda de soluciones que «garanticen la protección de los derechos de todos los nicaragüenses».

«Esperamos que juntos podamos trabajar por un futuro donde la dignidad y los derechos humanos sean respetados y promovidos en nuestra región», finaliza el documento firmado por el Consejo Político de la UNAB.

El demoledor informe de la ONU

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) develó el tres de abril el listado con 54 funcionarios nicaragüenses a los que implica directamente en las fases de la represión que ejecuta la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde abril de 2018.

En el listado hay jefes policiales, altos mandos militares, responsables de sistemas penitenciarios, autoridades municipales, magistrados, jueces y hasta delegados de la Juventud Sandinista.

En este informe identifica a personas de la cúpula gubernamental que forman parte de las «estructuras institucionales y cadenas de mando» que sostienen en el poder a los codictadores de Nicaragua, quienes encabezan la lista de represores. Esos funcionarios tendrán que asumir sus «responsabilidades individuales» por haber «desempeñado funciones clave en relación con detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales, persecución de la sociedad civil y medios de comunicación, campañas de desnacionalización y confiscación de propiedad privada», advierten.

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«Lo que descubrimos es un sistema de represión estrechamente coordinado, que se extiende desde la Presidencia hasta los funcionarios locales», dijo Ariela Peralta, experta del Grupo. «Estos no son incidentes aleatorios o aislados – son parte de una política de Estado deliberada y bien orquestada, que es llevada a cabo por actores identificables a través de cadenas de mando definidas», sostuvo. 

Por su lado, Red Bródy, indicó que «este informe es una hoja de ruta para la justicia. Los Estados, fiscales e instituciones internacionales ahora tienen los nombres, las estructuras y las evidencias necesarias para avanzar en la rendición de cuentas». 

ARTÍCULO 66 es un medio de comunicación nicaragüense que trabaja desde el exilio debido a la persecución del Estado contra la prensa independiente. Algunas de nuestras informaciones no revelan la identidad de nuestras fuentes ni están firmadas por nuestros periodistas por razones de seguridad.

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