Dictadura reactiva a Denis Moncada para secundar su narrativa oficial de abril 2018: «Fue un intento de golpe de Estado para intentar terminar con la Revolución»

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo lanzó a su excanciller y su más reciente candidato a ocupar la vacante en la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), Denis Moncada, para atizar sobre las protestas de abril de 2018.

Intentando sostener el relato de un supuesto «golpe de Estado» orquestado por agentes extranjeros y encubierto por sectores de la Iglesia y la sociedad civil, el actual asesor presidencial de Políticas y Asuntos Internacionales reiteró los mismos argumentos que han sido refutados por organismos internacionales de derechos humanos sobre los crímenes cometidos en ese contexto por los cuales se responsabiliza al Estado.

Moncada, quien estuvo como ministro de Relaciones Exteriores del régimen hasta 2023, calificó los sucesos de abril como «un crimen, muchos crímenes atroces cometidos contra el pueblo nicaragüense, contra el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional». Para el funcionario, los ciudadanos que salieron a protestar en 2018 formaban parte de un plan extranjero.

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«Fue un intento de golpe de Estado promovido por la potencia del norte, por el imperialismo norteamericano y por potencias europeas que financiaron a sus agentes que realizaban una labor de caballo de Troya en el país intentando terminar con la Revolución Popular Sandinista, con nuestro gobierno, con los avances de la revolución en favor de nuestro pueblo, en la lucha contra la pobreza, el desarrollo humano y todos los programas y proyectos desarrollados para terminar precisamente con la pobreza y avanzar en beneficio del pueblo nicaragüense que es el hacedor, el constructor de la revolución.», señaló

Sin embargo, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han concluido que fue el Estado nicaragüense el principal responsable de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la represión de las protestas, con más de 350 civiles asesinados, miles de heridos, centenares de detenciones arbitrarias y un exilio forzado masivo que ha arrasado con el 10% del total de la ciudadanía.

El discurso de Moncada se da en medio de un contexto diplomático adverso para el régimen. Recientemente, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) rechazó su postulación como secretario general, un golpe político para Ortega, que pretendía usar a Moncada como ficha para ganar peso dentro del bloque regional.

Mientras el régimen insiste en responsabilizar a actores externos y tilda de «vendepatrias» a los manifestantes y líderes opositores, Moncada repitió, en la entrevista que le realizó el propagandista Roberto Zúñiga en Canal 13, la línea oficial al afirmar que el gobierno, lejos de reprimir, buscó evitar un conflicto mayor. «Fue una política de búsqueda del fortalecimiento de la paz y de evitar un derramamiento de sangre mayor», expresó de forma cínica.

Esta afirmación contrasta con los informes de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la CIDH, que documentaron el uso de armas de guerra, armas letales por parte de la Policía Nacional y grupos paramilitares contra manifestantes desarmados.

En otro momento, el asesor presidencial arremetió contra la Iglesia católica, a la que acusó de haber sido parte del supuesto complot golpista. «Me dio la impresión que esa reunión con la Conferencia Episcopal (en relación al intento de diálogo nacional en mayo de 2018) era como reeditar la nota (el Pacto del Espino Negro) no un siglo después, pero con agentes vestidos de sotanas».

Moncada incluso relató que los obispos propusieron un cronograma de renuncia para todos los poderes del Estado, lo que, según él, fue «un descaro extraordinario».

Estas declaraciones, carentes de evidencia y recicladas del discurso oficial, contrastan con los testimonios de las víctimas, el exilio masivo, y las denuncias internacionales que califican al régimen de Ortega como una dictadura responsable de crímenes sistemáticos contra su propia población.

A casi siete años del estallido social, el régimen sigue sin reconocer sus responsabilidades. Nicaragua se aísla cada vez más en el plano internacional y Moncada se entierra con sus palabras ante la posibilidad de alcanzar un puesto de representación regional.