La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó este martes 2 de abril un nuevo contrato de préstamo entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y la República de Nicaragua, por un monto de 130 millones de dólares, destinados al financiamiento del «Programa de Mejoramiento y Ampliación de 4 Sistemas de Agua Potable en 5 ciudades del país».
De acuerdo con el decreto legislativo, los recursos serán utilizados para beneficiar a aproximadamente 140 mil habitantes de los municipios de Ocotal, Diriamba, Camoapa, San Jorge y Buenos Aires. Aunque la iniciativa se enmarca en el discurso oficial de «mejorar el acceso al agua potable», el nuevo endeudamiento ocurre en un contexto financiero cada vez más comprometido, con señales de sobreexposición a crédito externo y falta de transparencia en la ejecución de los recursos.
El BCIE y el legado de Dante Mossi
En los últimos años, el BCIE se ha consolidado como una fuente importante de financiamiento externo para el régimen de Daniel Ortega, incluso después de la brutal represión estatal de 2018. Solo en el primer trimestre de 2024, el organismo regional desembolsó más de 100 millones de dólares al sector público nicaragüense, según datos oficiales.
Este tipo de préstamos, históricamente criticados por su falta de transparencia y por no estar sujetos a condicionamientos democráticos, han sido clave para sostener al aparato estatal del régimen, aun en contextos de represión y graves violaciones a los derechos humanos. Desde la gestión del hondureño Dante Mossi al frente del BCIE (2018-2023), el banco fue señalado como el principal sostén financiero del orteguismo, con una actitud complaciente que ignoró los abusos de la tiranía sandinista y priorizó la entrega de recursos sin exigir reformas institucionales ni rendición de cuentas.
Con la llegada de la costarricense Gisela Sánchez a la presidencia ejecutiva del BCIE en diciembre de 2023, surgieron expectativas de un cambio en la política de financiamiento, con un enfoque más ético y transparente. Sánchez prometió una cartera más diversificada y ha reconocido públicamente que Nicaragua y El Salvador han sido los principales receptores de fondos, lo que implicaría una posible reevaluación del modelo de apoyo. Sin embargo, la reciente aprobación de este millonario préstamo al régimen orteguista pone la lupa sobre su liderazgo y si realmente marcará una ruptura con el legado de Mossi. Más allá de la narrativa institucional, persiste la duda sobre si el BCIE seguirá siendo un salvavidas financiero para gobiernos autoritarios o si, bajo la gestión de Sánchez, se impondrá una línea más responsable frente a la crisis democrática en la región.
En agosto de 2024, el Banco Central de Nicaragua anunció la cancelación de un préstamo de 248.7 millones de dólares con el BCIE, incluyendo intereses, como parte de un proceso de gestión de deuda que no siempre es acompañado por auditorías públicas o informes técnicos accesibles.
Deuda externa en ascenso
Con este nuevo contrato, el endeudamiento público externo sigue en ascenso. Al cierre del tercer trimestre de 2024, la deuda externa total del país alcanzó los 15,729 millones de dólares, de los cuales 8,751 millones corresponden al sector público. El resto —casi 7 mil millones— está en manos del sector privado.
Los compromisos con organismos multilaterales como el BCIE, el BID y el FMI han sido tradicionales, pero en años recientes ha crecido notablemente el peso de acreedores bilaterales no occidentales.
La creciente deuda con China
Uno de los elementos que ha generado mayor preocupación entre analistas económicos es el avance del endeudamiento con la República Popular China, especialmente tras el restablecimiento de relaciones diplomáticas en diciembre de 2021.
Hasta octubre de 2024, Nicaragua había adquirido préstamos con empresas y entidades chinas por un total de 919.7 millones de dólares, según datos del Ministerio de Hacienda. Estos recursos se han orientado a megaproyectos como plantas solares, carreteras y modernización de infraestructura pública, muchos de ellos adjudicados sin licitaciones públicas y bajo contratos opacos.
Economistas independientes advierten que esta orientación crediticia hacia China puede comprometer la sostenibilidad futura de la deuda, sobre todo porque los términos de financiamiento suelen ser menos transparentes y con condiciones políticas implícitas.
Aunque el régimen promueve estos proyectos como parte de una agenda de desarrollo, lo cierto es que las instituciones fiscalizadoras han sido reducidas a entes decorativos. La Contraloría General de la República, al servicio del oficialismo, no emite informes independientes sobre el uso de los recursos, y la Asamblea Nacional actúa como simple ratificadora de los decretos enviados por el Ejecutivo, tal y como pasó con este último préstamo aprobado con el BCIE, del que no se supo ningún trámite ni discusión legislativa.
