Murillo, quien reprimió protestas en Nicaragua, afirma que marchar es un derecho

La vocera y codictadora Rosario Murillo afirmó hoy, en su alocución del mediodía, que todo nicaragüense tiene derecho a marchar en referencia a las manifestaciones convocadas por el régimen en todo el país, en las que se ha obligado a los trabajadores públicos a participar como parte de su intento de borrar la memoria de abril de 2018.

«Tranquilos, seguros, con el derecho a movernos, a movilizarnos, eso es lo que pretendieron quitarnos los forajidos», dijo Murillo en un acto contradictorio, pues, mientras obliga a sus trabajadores y serviles a salir a las calles, la dictadura reprimió las marchas y manifestaciones antigubernamentales de la oposición en abril de 2018.

Murillo también aprovechó para desahogar su ira contra los opositores con un rosario de insultos, los cuales ha multiplicado en las últimas semanas ante la cercanía de abril. «Los criminales, los forajidos, los delincuentes, los pillos, esos que ya no están y no volverán», expresó la codictadora.

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La caminata de Murillo para «celebrar la paz» fue ordenada a mediados de marzo y orientó a las instituciones a garantizar la participación obligatoria de los trabajadores públicos. La convocatoria ha sido calificada por la oposición como un intento de restar importancia al estallido social de 2018. No obstante, la oposición exiliada ha llamado a manifestaciones en todo el mundo en conmemoración de la fecha.

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo prohibió, en septiembre de 2018, las manifestaciones, plantones y marchas públicas en contra del gobierno sandinista. Además, orientó a la Policía y a los paramilitares a desatar una vigilancia radical para apagar los focos de protesta en todo el país y amenazó con enjuiciar a quienes organizaran o convocaran manifestaciones.

Paralelamente, el régimen también prohibió a la Iglesia Católica, que jugó un papel mediador durante la crisis de 2018, la realización de procesiones religiosas. Asimismo, incrementó la vigilancia y el acoso hacia sacerdotes y fieles. Ante la negativa de algunos religiosos a obedecer, el régimen ordenó la prisión y el destierro de líderes católicos, laicos y monjas.

La ONU, la comunidad internacional y organismos de derechos humanos han pedido a Ortega el respeto al derecho de manifestación en Nicaragua.