La bancada nicaragüense del Parlamento Centroamericano (Parlacen), integrada por 20 diputados que obedecen fielmente a Daniel Ortega y Rosario Murillo, emitió un pronunciamiento en el que denuncian la negativa de varios países de la región a aceptar a un candidato propuesto por el régimen sandinista para ocupar la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
El pronunciamiento, que sigue la línea oficialista de Managua, acusa a «las posiciones arbitrarias e infundadas de algunas delegaciones, Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana» de bloquear el avance del proceso de integración regional. Para estos diputados, que actúan como extensiones del poder de Ortega y Murillo en el Parlacen, estos países impiden la institucionalidad del SICA al no aceptar a los postulantes nicaragüenses, que no son más que fieles operadores del régimen.
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Asimismo, la bancada oficialista respalda la reciente denuncia del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia por parte del gobierno de Nicaragua. Según ellos, esta corte «ha operado con magistrados exclusivamente de El Salvador, Honduras y Nicaragua, sin cumplir con los propósitos originales de su creación como órgano judicial de carácter regional». Sin embargo, esta maniobra del régimen refleja más un intento por evadir cualquier estructura que no se pliegue a sus exigencias que una verdadera defensa del Derecho Comunitario Centroamericano.
Un bloqueo sostenido contra operadores del régimen
Desde 2021, Ortega y Murillo han insistido en colocar a sus operadores políticos al frente de la Secretaría General del SICA. Entre los nombres propuestos figuran Sonia Castro, Valdrack Jaentschke, Arling Patricia Alonso Gómez y María Amelia Coronel Kinloch, quienes han sido rechazados de forma consistente por Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana, debido a su vinculación con la represión y persecución ejecutada por el régimen de Nicaragua.
Sonia Castro, exministra de Salud, ha sido rechazada principalmente porque fue quien ordenó, durante la rebelión de abril de 2018, no atender a los heridos en los hospitales públicos como parte de la represión gubernamental contra las protestas ciudadanas.
Valdrack Jaentschke, actual canciller y uno de los funcionarios más leales al régimen, es señalado de estructurar una operación de espionaje, vigilancia y persecución transnacional contra opositores nicaragüenses en el exilio, lo cual lo descalifica completamente para ocupar un cargo regional que demanda independencia y profesionalismo.
Arling Patricia Alonso Gómez, diputada sandinista y directiva de la Asamblea Nacional sandinista, ha sido promotora de las leyes represivas aprobadas por el régimen para perseguir a opositores y desmantelar organizaciones no gubernamentales. Su postulación ha sido vista como una burla a la institucionalidad del SICA.
María Amelia Coronel Kinloch, ministra del Interior, ha ejecutado acciones de confiscación de propiedades, cancelación de organizaciones de la sociedad civil y persecución mediante la Dirección General de Migración y Extranjería, lo que ha motivado su rechazo por parte de los países centroamericanos.
Los gobiernos de Costa Rica, Guatemala, Panamá y República Dominicana han dejado claro que ninguno de estos candidatos cumple con los requisitos de imparcialidad, independencia e integridad que exige el SICA. En otras palabras, estos países se resisten a permitir que Ortega y Murillo infiltren a sus operadores en un cargo de relevancia regional.
Un Parlacen sometido y obediente al régimen
Lejos de representar los intereses del pueblo nicaragüense, los diputados del Parlacen se han convertido en simples emisarios del régimen, dispuestos a replicar sin cuestionamiento las órdenes que llegan desde Managua. En su pronunciamiento, afirman que Nicaragua «no cesará en su lucha por el respeto a su soberanía y dignidad nacional», pero en realidad, sus esfuerzos se limitan a defender los intereses de Ortega y Murillo.
Mientras tanto, el conflicto mantiene al sistema de integración regional en un estado de estancamiento, donde el régimen nicaragüense sigue presionando para obtener el control del SICA con funcionarios que carecen completamente de independencia o credibilidad.
