La Policía de Nicaragua, bajo el control del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, informó este miércoles 12 de marzo que en lo que va del año ha remitido 109 casos de abuso sexual al Ministerio Público y ha detenido a 102 personas acusadas de ese delito. Además, dice que en la última semana capturó a ocho presuntos agresores. Sin embargo, organizaciones feministas rechazan estos datos. Aseguran que las cifras oficiales están manipuladas y maquilladas para minimizar la violencia de género en el país.
Según la vocera de la institución, subcomisionada Karen Obando, desde el 1 de enero al 12 de marzo de 2025, la Policía Nacional ha recibido 138 denuncias por abuso sexual.
Feministas: Datos oficiales buscan encubrir la realidad
Las estadísticas presentadas por la Policía han sido rechazadas de plano por organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos, que han alertado desde hace años sobre la manipulación de cifras y el ocultamiento de información sobre la violencia de género en el país.
La activista María Teresa Blandón, directora de la Organización Feminista La Corriente, advierte que las cifras oficiales no son confiables, ya que el régimen de Ortega y Murillo ha implementado una estrategia para minimizar la magnitud de la violencia contra las mujeres y niñas.
«Desde hace mucho tiempo, las organizaciones de mujeres que trabajan en la prevención de la violencia de género hemos venido diciendo que las estadísticas que produce el régimen Ortega Murillo no son confiables», señala de manera tajante la defensora feminista.
Uno de los métodos utilizados, según la activista de derechos humanos, es la reclasificación de los delitos, lo que reduce artificialmente la incidencia del problema en los reportes oficiales.
«Muchos de los femicidios en realidad los catalogan de homicidios o de parricidios para, por esa vía, presentarse como uno de los países de la región con menos tasas de femicidios», explica.
Ocultan cifras y prohibieron publicaciones del Instituto de Medicina Legal
Las organizaciones feministas denuncian que la dictadura de Daniel Ortega esconde las estadísticas sobre la violencia de género en Nicaragua para intentar construir un discurso de que el país es un lugar seguro para las mujeres y niñas, cuando la realidad demuestra lo contrario.
«Se intenta negar la realidad, se intenta crear un discurso o una narrativa que pretende hacernos creer que Nicaragua es un buen lugar para las mujeres y para las niñas, para vivir, que es un lugar seguro cuando sabemos que esto no es así», advierte Blandón.
Como parte de esta estrategia, el régimen ordenó al Instituto de Medicina Legal dejar de publicar los datos sobre violencia de género, que antes proporcionaban información relevante para medir la magnitud del problema.
Estos reportes incluían el número total de peritajes anuales, lo que permitió identificar en su momento que más del 90 % de las denuncias de violencia, incluyendo abuso sexual, eran cometidas contra mujeres, adolescentes y niñas.
Sin embargo, desde hace siete años, la información ha desaparecido de los informes públicos y, en los últimos tres años, ya no se encuentra ninguna actualización sobre las denuncias registradas, advierte la directora de La Corriente.
Impunidad y falta de confianza en la Policía
A pesar de que la Policía asegura haber detenido a 102 presuntos agresores, las organizaciones feministas también ponen en duda estos datos debido a los altos niveles de impunidad que persisten en los delitos de violencia de género.
«Tendríamos que poner en cuestión si realmente han detenido a 102 presuntos agresores, porque en general lo que tenemos es mucha impunidad. Incluso con el caso de los femicidios, el número de femicidas que han sido capturados no llega ni al 50 %», denuncia Blandón.
La activista señala que, en el caso del abuso sexual, la falta de denuncia es un problema estructural, ya que muchas víctimas no acuden a la Policía por temor, desconfianza o porque han sido revictimizadas al presentar sus casos. «Mucha gente se calla, o si denuncia y no la atienden, tiene miedo de decir que en la Policía hay maltrato, que no se documenta o no se investiga», afirma.
Además, sostiene que, incluso cuando los casos son documentados, no se conoce qué ocurre con ellos, ya que las autoridades informan sobre expedientes «resueltos», sin detallar si se trata de desestimaciones, presiones a las víctimas para desistir de sus denuncias o acuerdos extrajudiciales.
Las «comisarías de la mujer»: otra farsa
El régimen de Ortega y Murillo se ha jactado de haber restablecido más de 400 comisarías de la mujer, sin embargo, la defensora de derechos humanos asegura que esto es una mentira, ya que en la práctica no hay evidencia de su funcionamiento ni de una política efectiva para atender a las víctimas de violencia.
«Si son 400 comisarías, estaríamos hablando de que tienen más de dos por municipio, pero nadie ve cuál es el trabajo que hacen. Por el contrario, se ha incrementado la desconfianza de las víctimas hacia esas instancias por el maltrato que reciben, por la impunidad, por la indolencia con que se tratan estas denuncias», critica Blandón.
Premios a delincuentes y excarcelaciones bajo el «perdón presidencial»
La desconfianza de las defensoras de derechos de las mujeres ha aumentado en los últimos años debido a la política del régimen de premiar a delincuentes con excarcelaciones masivas, utilizando el beneficio de convivencia familiar o el régimen de casa por cárcel, un mecanismo que las autoridades presentan como un acto de «perdón presidencial».
Las organizaciones feministas han denunciado que entre los reos liberados bajo estas medidas han figurado hombres acusados de violencia sexual y femicidios, algunos de los cuales han reincidido en los mismos delitos. En varios casos, hombres que habían sido encarcelados por tentativa de homicidio o violencia doméstica han salido en libertad y han regresado a sus comunidades para finalizar los crímenes por los cuales habían sido arrestados inicialmente.
