Corte IDH exige la liberación inmediata de seis presos políticos en Nicaragua, entre ellos Eddie González, Víctor Boitano y Stedman Fagot
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al régimen de Daniel Ortega la liberación inmediata de seis presos políticos nicaragüenses y exigió información sobre su paradero y condiciones de detención, en respuesta a una solicitud de medidas urgentes presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los beneficiarios de estas medidas son Eddie Moisés González Valdivia, Steadman Fagot Müller, Eveling Carolina Matus Hernández, Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda, Carmen María Sáenz Martínez y Víctor Boitano Coleman, quienes fueron detenidos entre abril y septiembre de 2024 en el contexto de la persecución estatal contra voces críticas.
La resolución, emitida el 5 de marzo de 2025 por la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, establece que estas personas han sido víctimas de detención arbitraria, desaparición forzada y violaciones al debido proceso, lo que ha puesto en grave riesgo su vida e integridad.
Desapariciones forzadas y torturas en las cárceles del régimen
El documento de la Corte IDH detalla que, salvo en el caso de Eddie González Valdivia, cuya captura fue documentada en video, el resto de los beneficiarios han permanecido en una situación de desaparición forzada, sin acceso a sus abogados ni contacto con sus familiares.
- Eddie Moisés González Valdivia, militar retirado y académico, fue detenido el 14 de julio de 2024 tras denunciar la detención arbitraria de su hermana, la periodista Nohelia González Valdivia. En su captura, fue herido de bala y sometido a golpizas antes de ser trasladado a una celda de máxima seguridad en “El Infernito”, dentro de la prisión “La Modelo”. Su familia ha denunciado que no tiene acceso a atención médica ni a condiciones mínimas de dignidad.
- Steadman Fagot Müller, indígena misquito de 71 años y exasesor presidencial en temas de pueblos originarios, fue detenido por denunciar la invasión de tierras indígenas por colonos vinculados al gobierno. Padece diabetes y necesita insulina, pero no se sabe si ha recibido tratamiento médico. Su familia desconoce su paradero.
- Eveling Matus Hernández, empresaria y opositora, fue arrestada el 25 de junio de 2024 sin orden judicial. Su esposo, detenido con ella, fue liberado con la advertencia de que ella seguiría presa. Sus familiares han intentado ubicarla en la cárcel de mujeres EPIM, pero las autoridades no confirman si está allí.
- Lesbia del Socorro Gutiérrez Poveda, administradora de Cáritas Matagalpa, fue detenida el 10 de agosto de 2024 en el marco de la persecución a la Iglesia Católica. No hay información oficial sobre su paradero.
- Carmen María Sáenz Martínez, abogada y asesora en derecho canónico de la Diócesis de Matagalpa, fue arrestada el mismo día. Las autoridades penitenciarias han permitido que su familia entregue paquetes de alimentos, pero sin confirmar si está en la cárcel.
- Víctor Boitano Coleman, exmilitar de 63 años, fue arrestado el 23 de abril de 2024 en su casa sin orden judicial. Padece hipertensión, diabetes y problemas circulatorios. Sus familiares fueron forzados al exilio tras recibir amenazas.
La orden de la Corte IDH
La Corte IDH determinó que la situación de los beneficiarios es de “extrema gravedad y urgencia”, y ordenó al Estado de Nicaragua:
- Liberar de inmediato a los seis presos políticos.
- Informar oficialmente su paradero y condiciones de detención.
- Garantizar atención médica, alimentación y contacto con sus familiares.
- Facilitar el acceso de sus abogados a sus expedientes judiciales.
- Abstenerse de ejercer represalias contra sus familiares y representantes.
El régimen de Ortega tiene hasta el 19 de marzo de 2025 para presentar un informe sobre el cumplimiento de estas medidas. Sin embargo, la comunidad internacional teme que el Estado continúe en desacato, como ha ocurrido en resoluciones previas.
Un patrón de represión contra opositores
Actualmente, más de 120 personas permanecen detenidas por motivos políticos en Nicaragua, según organismos de derechos humanos. Desde las protestas de 2018, el régimen ha convertido las cárceles en centros de castigo para opositores, donde se han documentado torturas, aislamientos prolongados y condiciones inhumanas.
Los familiares de los presos políticos han denunciado la falta de información y la imposibilidad de ver a sus seres queridos. En algunos casos, las detenciones han llevado a graves deterioros de salud e incluso a la muerte de prisioneros bajo custodia estatal.
A pesar de la represión, la presión internacional sigue en aumento. La reciente resolución de la Corte IDH subraya la urgencia de una acción inmediata para frenar la violación sistemática de derechos humanos en Nicaragua.
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