La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró este martes la responsabilidad del Estado de Nicaragua en la falta de justicia por el femicidio de Dina Alexandra Carrión González, ocurrido en 2010. En su sentencia, el tribunal determinó que el Estado violó el derecho de acceso a la justicia, la protección judicial y la verdad, entre otras garantías, al no investigar con la debida diligencia el crimen.
Según el fallo leído por la jueza Nancy Hernández López, presidenta de la Corte, el tribunal concluyó que «Nicaragua incurrió en responsabilidad internacional por la falta de debida diligencia y celeridad excepcional en los procesos relativos al contacto entre el hijo de Dina Alexandra y sus abuelos maternos».
Además, el tribunal declaró que el Estado violó el derecho a la circulación y residencia de Vilma Valeria Carrión González, hermana de la víctima, quien «tuvo que salir de Nicaragua como consecuencia de la falta de investigación y de las amenazas relacionadas con el impulso a la investigación por la muerte de su hermana».
La sentencia también señala que «tales hechos implicaron una violación del derecho a la integridad personal de la madre, el padre, las hermanas y el hermano de Dina Alexandra Carrión González», reconociendo el daño emocional y psicológico que la impunidad causó en sus familiares.
Una lucha de 14 años por justicia
Dina Carrión, de 36 años, fue encontrada sin vida en abril de 2010 en circunstancias que desde un inicio apuntaban a un femicidio. La víctima estaba en proceso de separación de su esposo, con quien mantenía una relación marcada por la violencia de género.
A pesar de las evidencias, la justicia nicaragüense «no realizó una investigación con debida diligencia ni con perspectiva de género», según estableció la Corte IDH. Además, determinó que hubo «una violación a las garantías judiciales, a la verdad, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial», al no tramitar el caso con la seriedad y celeridad requeridas.
La familia de Carrión González agotó todas las instancias legales dentro de Nicaragua sin obtener respuestas, lo que la llevó a presentar una demanda ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Las órdenes de la Corte IDH a Nicaragua
En su sentencia, la Corte IDH estableció una serie de medidas de reparación que el Estado de Nicaragua deberá cumplir. Entre ellas, destacan:
• Reapertura del caso y sanción de los responsables: La Corte ordenó que «el Estado investigará la muerte de la señora Dina Alexandra Carrión González y, de ser el caso, juzgará y eventualmente sancionará a la persona o personas responsables de su muerte».
• Investigación de amenazas a la familia: La sentencia exige que «el Estado investigará las amenazas sufridas por la señora Vilma Valeria Carrión González y, de ser el caso, juzgará y eventualmente sancionará a la persona o personas responsables».
• Medidas de no repetición: Se establece que Nicaragua deberá «crear un observatorio que incluya una base de datos para la recopilación sistemática y periódica de informaciones estadísticas sobre violencia de género» y «establecer mecanismos de denuncia sobre violencia contra la mujer».
• Capacitación obligatoria a funcionarios judiciales: La Corte dispuso que el Estado debe «implementar un programa o curso obligatorio dirigido a operadores judiciales» y otro para «las personas encargadas de recibir las denuncias por violencia de género».
• Indemnización y medidas de reparación: El fallo ordena que «el Estado pagará las cantidades fijadas por concepto de medidas de rehabilitación, indemnizaciones compensatorias y por el reintegro de costas y gastos».
Asimismo, el tribunal estableció que «el Estado, en el plazo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendirá al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma», bajo supervisión de la Corte IDH.
Un fallo histórico en un contexto de impunidad
El caso Carrión González y otros vs. Nicaragua es el primero en el que la Corte IDH responsabiliza al Estado nicaragüense por la impunidad en un caso de femicidio.
El fallo también se da en un contexto de graves retrocesos en materia de derechos humanos en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha eliminado la independencia del sistema judicial y ha perseguido a organizaciones feministas que trabajaban en la defensa de los derechos de las mujeres.
A pesar de la condena internacional, el cumplimiento de la sentencia dependerá de la voluntad del régimen, que ha ignorado fallos previos de la Corte IDH. No obstante, para la familia de Dina Carrión, este veredicto representa un reconocimiento a su lucha de 14 años contra la impunidad y una victoria en la búsqueda de justicia.
