Nicaragua «no puede retirarse» del Consejo de DD-HH de la ONU porque «esa no es una membresía»
El anuncio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha sido calificado como un intento de evadir la rendición de cuentas y aislar aún más al país del escrutinio internacional. La decisión, comunicada el jueves 27 de febrero de 2025, se produjo un día después de la publicación de un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), que señala al Ejército, la Policía y grupos paramilitares como responsables de crímenes de lesa humanidad en el marco de la represión de 2018.
Juristas, defensores de derechos humanos y organizaciones nicaragüenses que operan desde el exilio han coincidido en que esta medida no exime a Nicaragua de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos ni impide que continúen las investigaciones sobre los abusos cometidos por el régimen.
«Una rabieta política sin efectos legales»
El abogado Yader Morazán, especialista en administración de justicia y miembro del grupo de los 94 ciudadanos a quienes el régimen despojó de su nacionalidad en 2023, calificó la decisión como «una rabieta política» sin efectos jurídicos reales. Según explicó en una publicación en X (antes Twitter), Nicaragua no puede retirarse formalmente del Consejo de Derechos Humanos porque no es una membresía permanente de la que se pueda salir a voluntad.
«El Consejo de Derechos Humanos no es un tratado ni una organización de la que un país pueda ‘retirarse’ formalmente. Es un órgano intergubernamental de la ONU, donde Nicaragua no ocupa actualmente un asiento», detalló Morazán. Además, recordó que el país sigue vinculado a la Carta de la ONU y ha ratificado tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención contra la Tortura, que son jurídicamente vinculantes y cuya supervisión no depende de la voluntad del régimen.
Asimismo, enfatizó que el Grupo de Expertos de la ONU continuará recopilando evidencia sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, a través de testimonios de exiliados, víctimas y otras fuentes independientes, sin necesidad de cooperación del Estado.
«Confirmación del carácter represivo del régimen»
La defensora de derechos humanos Haydee Castillo también reaccionó a la decisión de Ortega y Murillo, señalando que se trata de una muestra más del carácter antidemocrático del régimen. «La salida de la dictadura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es una clara muestra de su carácter contrario a la vida, a las libertades y a la paz», afirmó. Para Castillo, esta acción confirma lo señalado en el informe del GHREN sobre el control absoluto y los crímenes cometidos por la dictadura contra la población nicaragüense.
CALIDH: «El régimen se aísla aún más del mundo»
Desde el exilio, el Centro de Asistencia Legal Interamericana en Derechos Humanos (CALIDH), una organización nicaragüense con sede en Argentina, emitió un comunicado condenando enérgicamente la decisión del régimen de retirarse del Consejo. «El Estado ha quedado una y otra vez en evidencia ante el Consejo; su relato no ha podido rebatir las investigaciones del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, que informe tras informe ha ido uniendo las piezas sobre los mandos responsables y las víctimas de los crímenes de lesa humanidad en el país», señaló la organización.
CALIDH advirtió que la salida del Consejo responde a la estrategia del régimen de sostener su narrativa de que en Nicaragua hay «paz, progreso y derechos», a pesar de la realidad de persecución, represión y destierros forzados. «El régimen se aísla del mundo aún más al salir del foro más importante en materia de derechos humanos», enfatizó.
Un régimen en aislamiento y bajo investigación
La decisión de Ortega y Murillo de abandonar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se suma a una serie de medidas que han llevado a Nicaragua a un creciente aislamiento internacional. La negativa del régimen a someterse al escrutinio de organismos multilaterales y su rechazo a las recomendaciones de derechos humanos han fortalecido los señalamientos de que en el país se ha consolidado un Estado policial represivo.
A pesar de su retirada del Consejo, Nicaragua sigue siendo sujeto de investigaciones por parte de la ONU y de otros organismos internacionales. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos continuará documentando los abusos del régimen y recopilando pruebas sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, con miras a futuras acciones de rendición de cuentas en instancias internacionales.
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