Ortega y Murillo «renuncian» a la delegada de la Comisión del Río San Juan y nombran a dos nuevos funcionarios
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ejecutó nuevos cambios en la Comisión para el Desarrollo del Río San Juan, una entidad estatal que opera sin transparencia ni informes sobre el destino de los fondos públicos que recibe. Este jueves 27 de febrero de 2025, el Diario Oficial La Gaceta publicó tres acuerdos presidenciales en los que se oficializa la salida de Olympia Avellaneda Torrez Martínez como delegada de la Presidencia en dicha comisión, así como el nombramiento de dos nuevos funcionarios en la Empresa Nicaragüense del Dragado del Río San Juan.
El Acuerdo Presidencial No. 32-2025 informa que el gobierno acepta la renuncia de Olympia Avellaneda Torrez Martínez, quien había sido nombrada en el cargo mediante el Acuerdo Presidencial No. 179-2021, publicado el 20 de octubre de 2021. Su salida responde a una práctica común dentro del régimen, donde las «renuncias» suelen ser decisiones impuestas desde la cúpula de poder.
A lo largo de su gestión, la funcionaria no presentó informes públicos sobre las acciones de la comisión ni sobre el destino de los fondos asignados al supuesto desarrollo del Río San Juan, un proyecto promovido por Ortega desde su regreso al poder en 2007 y que, a pesar de recibir recursos del Estado, no muestra avances verificables.
Dos nuevos nombramientos en una entidad sin rendición de cuentas
A la salida de Avellaneda Torrez Martínez le siguieron dos nuevos nombramientos en la Empresa Nicaragüense del Dragado del Río San Juan, institución adscrita a la misma comisión.
El Acuerdo Presidencial No. 33-2025 nombra a José Ramón Castillo Juárez como Co-Director de Operaciones, mientras que el Acuerdo Presidencial No. 34-2025 designa a Tamara Valeska Hernández Rivera como Co-Directora Administrativa.
Hasta el momento, no hay información pública sobre el perfil de estos funcionarios ni sobre su experiencia en la administración pública o en la ejecución de proyectos ambientales e hídricos. Lo que sí está claro es que la empresa a la que ahora se incorporan ha operado durante años con asignaciones presupuestarias sin fiscalización ni informes detallados sobre su funcionamiento.
Un proyecto que sigue en la sombra
El dragado del Río San Juan fue una de las apuestas políticas de Ortega, quien encargó la tarea al exguerrillero Edén Pastora, conocido como el Comandante Cero. Pastora dirigió la obra hasta su fallecimiento el 16 de junio de 2020, a los 83 años, por complicaciones respiratorias. Desde entonces, el gobierno ha seguido designando funcionarios y asignando fondos al proyecto sin que exista información clara sobre sus avances o impacto real.
Pese a las reiteradas promesas de «recuperación» del río y desarrollo de la zona, el destino del dinero sigue siendo una incógnita, ya que la empresa estatal no publica reportes de ejecución ni presenta avances visibles en su labor.
Dragado millonario
Según reveló el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez durante la aprobación de la Ley 1213, en los últimos 10 años —siempre bajo el poder del régimen Ortega-Murillo— el país ha destinado 637,432,999 córdobas (más de 17.4 millones de dólares) «para las labores de dragado de Río San Juan».
Asimismo, Gutiérrez afirmó que para este año ya se habían aprobado «recursos para el dragado del Río San Juan por el orden de los 64.7 millones de córdobas, con una alta ejecución a la fecha». Los fondos que resten de esa partida que se destinó para el dragado del afluente pasarían a la Empresa Nicaragüense de Dragado del Río San Juan para que comience a ejercer sus funciones, dijo el diputado oficialista, sin ahondar en pormenores.
La creación de la Empresa del Dragado del río San Juan
El pasado 28 de agosto, la Asamblea Nacional sandinista aprobó la Ley 1213, mediante la cual se crea la Empresa Nicaragüense para el Dragado de Río San Juan, dicha Ley entró en vigencia el dos de septiembre, con su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, número 162.
La Ley solo cuenta con ocho artículos. En el segundo artículo establece que «se crea la Empresa Nicaragüense del Dragado del Río San Juan, como una Empresa Pública descentralizada, con autonomía técnica, administrativa y financiera, de dominio del Estado de Nicaragua, con personalidad jurídica y patrimonio propio».
El mismo artículo ordena que la duración de dicha empresa es indefinida y «con plena capacidad para adquirir derechos y obligaciones, con domicilio en el Departamento de Río San Juan, bajo la rectoría sectorial del Ministerio de Transporte e Infraestructura; con el fin de contribuir a la defensa de la Soberanía Nacional».
El artículo tres señala que la finalidad de la nueva empresa estatal es «garantizar la continuidad del dragado del Río San Juan, el reforzamiento de los equipos de dragado, así como también organizar, administrar y ejecutar las operaciones de dragado: extracción de sedimentos, limpieza de islas, remoción de árboles y maleza, dunas móviles, entre otros; todo ello en función de coadyuvar a garantizar la soberanía del Estado y mejorar la navegabilidad del Río San Juan».
Dicha empresa fue creada pero la dictadura no estableció sus fuentes de financiamiento. Sin embargo, en el Presupuesto del MTI sí hay una partida de aproximadamente C$200 millones para dragar «200 kilómetros» del río.
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