Murillo intenta sacudirse las burlas y busca su «momento de gloria» juramentando a 30,000 paramilitares

Cinco días después de haber quedado completamente relegada en la toma de posesión del general Julio César Avilés como jefe del Ejército de Nicaragua, donde Daniel Ortega acaparó todos los símbolos militares, Rosario Murillo intentó recuperar protagonismo con una demostración de poder propio. Este miércoles, 26 de febrero, la codictadora del país juramentó a 30,000 paramilitares encapuchados, presentados bajo el eufemismo de «policías voluntarios», en un evento oficial realizado en la Plaza Juan Pablo II de Managua.

El acto, que se llevó a cabo en el marco de la toma de posesión de su consuegro Francisco Díaz para un nuevo período como jefe de la Policía (2025-2031), sirvió como una respuesta directa a la ceremonia del pasado 21 de febrero, en la que Daniel Ortega acaparó todo el protagonismo militar y Murillo no figuró más que como maestra de ceremonia. A pesar de que ella se ha impuesto dentro del régimen y se ha autonombrado «co-presidenta», en aquel evento quedó relegada y sin un papel preponderante, lo que generó burlas y críticas sobre su aparente falta de peso dentro de las fuerzas armadas, aun con todo y la reforma constitucional que mandó a hacerse a su medida.

Ahora, en un intento de contrarrestar esa imagen de invisibilización y tomar la delantera en el aparato represivo, Murillo asumió el protagonismo al juramentar y oficializar a los grupos de choque que han sido clave en la represión del régimen desde 2018.

Mientras Ortega reafirma su control sobre el Ejército, Murillo busca equilibrar su imagen y demostrar que también tiene su propia estructura de fuerza, con los paramilitares como su brazo de choque personal.

Juramentación cargada de propaganda

A diferencia de una juramentación institucional y solemne, el discurso de Murillo estuvo cargado de referencias a la lucha revolucionaria, evocando a los «héroes y mártires» sandinistas en lugar de apelar a la legalidad o a principios constitucionales.

«Julio (Buitrago) nació en julio. En julio nació el triunfo de la revolución que celebramos con fuerza, con vigor y en gloria todos los días. En nombre de los héroes. En nombre de nuestros mártires. En nombre de la comunidad alzada, originaria comunidad de Monimbó (…). Un día como mañana, tomamos juramento a esta heroica policía voluntaria, guerrillero de la paz, defendiendo la paz, defensores de la paz.»

Al leer su «juramentación» y mencionar a sus «héroes» a Murillo se le quebró la voz. Quiso llorar y no se supo si fue por la emoción de sentirse, al fin, la jefa de un grupo de encapuchados o porque estaba mencionando a los héroes que su dictadura ha traicionado.

Murillo no dejó ninguna duda de que estos encapuchados no son policías ni voluntarios, sino sus propios leales, un ejército paralelo que el régimen ha utilizado para reprimir manifestaciones, asediar opositores y ejecutar operativos de intimidación. El uso de términos como «guerrilleros de la paz» o «defensores de la paz» intenta disfrazar la verdadera función de estos grupos: garantizar la continuidad del régimen a través del terror.

Un régimen con múltiples estructuras represivas

El evento de este 26 de febrero marca un punto clave en la dinámica del poder dentro de la dictadura. Mientras Ortega sigue apoyándose en el Ejército como su principal pilar de fuerza, Murillo no quiso quedarse atrás y buscó consolidar su propio brazo represivo con los paramilitares.

Este acto también dejó en evidencia que la Policía Nacional, bajo la jefatura de Francisco Díaz, quedó en un segundo plano. Si bien sigue siendo una institución clave en la represión, con agentes involucrados en arrestos arbitrarios, persecución política, encarcelamiento y vigilancia a opositores, en esta ocasión su presencia fue opacada por la exhibición de poder paramilitar que protagonizó Murillo.

La dictadura sigue operando sobre una estructura represiva tripartita, en la que el Ejército, bajo el mando absoluto de Ortega, sigue siendo el garante de la estabilidad del régimen desde las altas esferas del poder; la Policía Nacional continúa siendo un brazo fundamental de la represión cotidiana, actuando en subordinación total con el régimen para la imposición de un estado policial; y los paramilitares, ahora oficializados como «policía voluntaria», operan bajo la influencia directa de Murillo, convirtiéndose en su propia fuerza de choque.

Lejos de debilitarse, la maquinaria de represión del régimen se sigue diversificando, con Murillo fortaleciendo su control sobre los grupos paramilitares que han operado con total impunidad desde la crisis sociopolítica de 2018.

Más de 67 mil paramilitares encapuchados

Según un recuento que lleva Artículo 66, hasta la fecha, Rosario Murillo había juramentado a 37,376  paramilitares en distintos departamentos del país. Con estos nuevos 30.000, la cifra supera los 67,300 encapuchados. Sin embargo, detrás de estos números se esconde una realidad odiosa: la mayoría de estos «paramilitares» son en realidad empleados públicos obligados a participar bajo amenazas de despido y coacción.

Informes obtenidos por este medio revelan que estos trabajadores del Estado son forzados a asistir a las juramentaciones, encapuchados y uniformados, bajo la intimidación de perder sus empleos si se niegan a participar. Esta estrategia busca proyectar una imagen de fuerza y control territorial a favor del sandinismo, pero en la práctica, muchos de estos individuos carecen de la capacidad y, sobre todo, de la voluntad para empuñar armas contra sus propios conciudadanos en caso de un levantamiento popular.

Esta táctica de inflar las filas paramilitares con empleados públicos no solo sirve como propaganda para el régimen, mostrando un músculo político aparente, sino que también siembra el miedo y refuerza el control social. No obstante, la efectividad real de esta fuerza paralela es cuestionable, ya que, incluso, algunos de sus miembros son personas de la tercera edad, con evidente sobre peso y se ha visto a algunos que incluso andan en silla de ruedas.