Dictadura sandinista intensifica represión migratoria: 349 víctimas en el último año
La represión migratoria en Nicaragua ha alcanzado niveles alarmantes entre enero de 2024 y febrero de 2025, con un total de 349 casos documentados por el Monitoreo Azul y Blanco (MAB). El régimen de Daniel Ortega ha implementado «prácticas que vulneran los derechos de los ciudadanos, incluyendo el destierro, la desnacionalización y la negación de ingreso al país, configurando un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos».
Destierro y Desnacionalización
El informe destaca el destierro de 135 nicaragüenses que fueron expulsados del país hacia Guatemala, despojados de su nacionalidad y sus bienes confiscados, quedando en condición de apatridia.
Además, numerosas personas han sido impedidas de ingresar a Nicaragua, incluyendo aquellas que se encontraban en el extranjero por «motivos de trabajo, estudio o visitas familiares». Las aerolíneas, bajo órdenes gubernamentales, notifican a los afectados sobre la prohibición de ingreso sin ofrecer explicaciones claras.
Cifras de la represión migratoria
El MAB registró los siguientes casos entre enero de 2024 y febrero de 2025:
- 290 casos de destierro y/o prohibición de entrada a nacionales (64 % hombres y 36 % mujeres, incluyendo seis menores de edad).
- 47 casos de retención o negación de salida del país a nacionales.
- 8 casos de negación de ingreso a extranjeros.
- 2 casos de negación de renovación de pasaporte a nacionales.
- 2 expulsiones de personas extranjeras.
Perfiles de las personas afectadas
El informe señala que la represión migratoria ya no solo afecta a opositores políticos, sino también a diversos sectores de la sociedad. La distribución de víctimas es la siguiente:
- Sacerdotes/religiosas/feligreses: 27 %
- Ciudadanos comunes: 22 %
- Familiares de víctimas, activistas de DDHH y exiliados: 17 %
- Personas opositoras: 11 %
- Empresarios/sector privado: 10 %
- Periodistas: 4 %
- Médicos: 2 %
- Otros: 7 %
Picos de represión migratoria
El MAB identificó tres momentos críticos en 2024 y 2025:
- Abril de 2024: Al menos 40 personas fueron afectadas por restricciones migratorias, en un contexto de persecución que alcanzó incluso a simpatizantes del régimen.
- Septiembre de 2024: Se registró el destierro de 135 presos políticos a Guatemala, quienes fueron desnacionalizados y despojados de sus bienes.
- Diciembre de 2024 a enero de 2025: Más de 50 personas sufrieron medidas represivas de negación de entrada, afectando especialmente a empresarios del sector privado.
Impacto internacional del destierro
El destierro y la negación de la nacionalidad han sido condenados por organismos internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que advierte sobre «las consecuencias devastadoras de la apatridia, incluyendo la restricción del acceso a derechos básicos como la identidad legal, la educación, la salud y la movilidad».
El informe subraya que estas prácticas «constituyen violaciones graves al derecho internacional y reflejan un patrón represivo históricamente utilizado por regímenes autoritarios para castigar la disidencia». Además, el accionar del régimen de Ortega representa una amenaza para la estabilidad regional, impulsando flujos migratorios forzados y colocando a los países vecinos ante desafíos humanitarios crecientes.
Una política represiva recurrente de la dictadura
Desde 2018, el régimen de Daniel Ortega ha utilizado el destierro y la apatridia como mecanismos represivos para castigar a quienes considera opositores. El primer caso documentado fue el de la activista costarricense-nicaragüense Ana Quirós, quien fue expulsada de Nicaragua en noviembre de ese año tras haber participado en protestas contra el gobierno. A partir de entonces, la política de destierro se convirtió en una práctica recurrente, afectando a cientos de ciudadanos. La estrategia se intensificó especialmente después de las elecciones de 2021, cuando el régimen encarceló a líderes políticos, periodistas y activistas, cerrando cualquier espacio de disidencia.
Uno de los episodios más emblemáticos de esta política represiva ocurrió el 9 de febrero de 2023, cuando el régimen desterró a 222 presos políticos, enviándolos en un avión con destino a Washington, Estados Unidos. La mayoría de ellos habían sido detenidos en la ola represiva previa a las elecciones de 2021. Apenas una semana después, el 15 de febrero de 2023, el gobierno de Ortega despojó de su nacionalidad a 94 ciudadanos nicaragüenses, incluidas figuras reconocidas de la política, el periodismo y la sociedad civil. Desde entonces, la desnacionalización y el destierro se han consolidado como políticas de Estado, aplicadas de manera sistemática y sin precedentes contra cualquier persona que el régimen considere una amenaza.
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