Ortega amenaza con acusar como «terroristas» a quienes se vinculen con ONG canceladas

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través una normativa publicada por el Ministerio del Interior, considera una amenaza a «personas y poblaciones que simpaticen con organismos terroristas», así lo estableció a través de una disposición general con registro del 2025-00355 publicada en el diario oficial La Gaceta este jueves, 13 de febrero.

«La presente normativa tiene como finalidad, establecer enfoques basados en riesgo, el marco regulatorio para los Organismos Sin Fines de Lucro (OSFL) en materia de prevención de financiamiento al terrorismo (FT), a fin de evitar que aquello identificado dentro de la definición del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) no sean abusados por terroristas ni organizaciones terroristas para presentarse con entidades legítimas», indica la resolución.

La primer normativa que cuenta con ocho capítulos, aclara que se relacionará, además, de a personas específicas con grupos terroristas, a las poblaciones y comunidades que se relacionen de manera comercial en (pasado, presente o futuro) con los antes mencionados y que se consideren parte del daño aplicado a la sociedad nicaragüenses.

La disposición, según la dictadura, busca pevenir el financiamiento al terrorismo e imponer el control sobre los organismos sin fines de lucro de los que el régimen ha cerrado ya más de 5,600 como represalia a un supuesto «intento de golpe de Estado financiado por Estados Unidos», entre ella organismos educativos, culturales, religiosos, médicos.

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Tras las manifestaciones antigubernamentales en 2018, la dictadura ha ocupado los bienes muebles e inmuebles y expropiado a entidades, los que usa para instalar clínicas, casas maternas y centro de estudios que luego son abandonados por falta de presupuesto y de respaldo de la población. Dentro de estas, también están universidades y colegios.

Dictadura amenaza con cárcel a directivos de ONG que cometan «infracciones»

En la segunda normativa publicada por el Ministerio del Interior, en su capítulo seis «De las infracciones y sanciones administrativas» en el artículo 38 y 39, el régimen advierte que los organismos que aún existen en el país están obligados a especificar el uso y destino de cualquier transferencia de fondos de activos que reciban, lo que demuestra el control absoluto de la dictadura sobre las onegé.

Además, también es considerado una infracción grave omitir los datos de quienes son sus donantes nacionales o internacionales, y los obliga a verificar la «buena reputación de sus donantes».

La paranoia de la dictadura queda clara en el artículo 13 y 14 del mismo capítulo en el que prohíbe a las oenegé financiar o promover a cualquier organización, movimiento, alianzas o partidos políticos que desarrollen cualquier actividad en Nicaragua. Además de cualquier proselitismo político, en caso de ocultar alguna información la Dirección General de Registro y Control de la OSFL aplicará la sanción grave a dicha ONG.

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La Ley LEY Nº. 1115, Ley General De Regulación y Control De Organismos Sin Fines de Lucro, aprobada en marzo de 2022 califica de «terrorista» a los dirigentes de los organismos que no cumplan con las especificaciones de las mismas y que sean señalados por la DGRC de OSFL por lo que serán aplicados cargos como «traición a la Patria» y la desnacionalización.

Además, la misma ley advierte que los bienes, muebles e inmuebles de estos organismos a quienes la DGRC considere «traidores» pasan a manos del Estado.