La FAO, la organización que expulsó Ortega, ejecutaba más de 30 proyectos en Nicaragua

El régimen de Nicaragua, a través de la Cancillería de la República, expulsó del país a la a Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y exigió el cierre inmediato de su oficina en Managua sin valorar el apoyo y el financiamiento que brinda esta entidad a las poblaciones más vulnerables.

La FAO, según un video divulgado en su página oficial, resalta que entre enero de 2022 y enero de 2024 contribuyó a «movilizar 80 millones de dólares en un total de 34 proyectos».

La información la proporciona Iván León Ayala, quien entre 2018 y enero de 2024 ocupó el cargo de representante de la FAO en Nicaragua. El ingeniero agrónomo, máster en Ciencias del Desarrollo Rural, explica que la organización trabaja con «17 instituciones del Estado en temas centrales vinculadas a la promoción de inversiones rurales, la gestión sostenible de los ecosistemas naturales y la producción resiliente al cambio climático». 

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Pese a este apoyo en los esfuerzos por combatir la pobreza, Daniel Ortega decidió prescindir de la FAO. La medida se tomó luego de la publicación del informe titulado «El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo 2024» en el que se destaca que al menos 1.4 millones de nicaragüenses (20% de la población) padece hambre y el índice de anemia entre mujeres en edad fértil supera el 15.7%, uno de los más altos en la región.

La dictadura de Managua cuestionó que antes de publicarse ese documento no se le consultara ni se contara con su autorización. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo del operador político y agente de inteligencia Valdrack Jaentschke, calificó el informe como «carente de objetividad, rigor metodológico y portador de información falsa». Según el gobierno, el documento tiene «una tendencia injerencista, agresiva y difundida de manera malintencionada con fines políticos».

Para la estructura del FSLN, los datos reflejados apuntan a «desprestigiar al Gobierno de Nicaragua y sus políticas de lucha contra la pobreza, desarrollo humano y seguridad alimentaria».

Los más pobres, los que más pierden

La FAO y la administración de Ortega ejecutaban el Marco Programático de País 2022-2026, con el cual se busca «estimular la creación y adopción de políticas e inversiones que permitan transitar hacia sistemas alimentarios más sostenibles, inclusivos y resilientes en Nicaragua, promoviendo el uso de las tecnologías digitales, la investigación y la innovación».

A través de ese programa pretendían «impulsar las economías locales, incrementar ingresos de las familias rurales y promover medidas para mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático», planes que quedarán sin continuidad al finalizar abruptamente las relaciones y convenios con la FAO. 

León Ayala enfatizó en que a inicios del año pasado sus proyectos habían impactado en «más de 27,000 personas en 15 departamentos. Estamos hablando de tres cuartas partes del territorio nacional, alcanzando con ello a 5,000 familias nicaragüenses». 

El Estado, otro de los favorecidos por la FAO

La FAO, que comenzó de manera oficial sus operaciones en Nicaragua en 1982, ha sido un soporte para el Estado. El exdelegado recalcó que con el apoyo de esa organización se logró «fortalecer las capacidades de las instituciones del país a través de diplomados y formación especializada en temas como alimentación escolar, hidrometeorología, inventario de gases de efecto invernadero, elaboración de reportes climáticos, entre otros temas».

Igualmente, brindaron apoyo técnico para la «implementación y aprobación de cuatro marcos jurídicos en materia de medio ambiente, seguridad alimentaria y nutricional, pueblos originarios y afrodescendientes».

La FAO se encargaba de fomentar la estrategia de movilización de recursos para Nicaragua que además de atraer socios involucraba al sector privado.

La entidad capacitó sobre la vigilancia, control y erradicación del gusano barrenador del ganado, en la producción y control de calidad de semillas de granos básicos así como en la mitigación de los impactos climáticos en la agricultura y la seguridad alimentaria de Nicaragua.

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Al culminar la misión de León Ayala, el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, el sancionado Gustavo Porras, lo condecoró con la Orden José de Marcoleta en grado de Gran Cruz.

En la ceremonia, Porras dijo que era «un honor para el pueblo y gobierno de Nicaragua entregar tan alta distinción al representante de la FAO, quien llegó a nuestro país hace 6 años, en un año difícil, pero que con su respeto y sensibilidad se logró avanzar en esa importante colaboración».

La queja y decisión del régimen de Nicaragua fue notificada al director general de la FAO, Qu Dongyu.