Alto Comisionado de DDHH de la ONU denuncia la reforma constitucional de Ortega
A través de una nota de prensa que ha difundido en sus redes sociales, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) manifestó hoy su profunda preocupación tras la aprobación de una reforma constitucional en Nicaragua que concentra aún más el poder en la Presidencia y elimina disposiciones clave que garantizan los derechos fundamentales y el equilibrio democrático en el país.
La reforma, presentada en noviembre de 2024 por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, «fue aprobado de manera unánime, sin abstenciones ni votos en contra, por los 91 miembros de la Asamblea Nacional sin ninguna oposición», critica la organización internacional.
Según el organismo, esta enmienda legislativa viola las obligaciones internacionales asumidas por Nicaragua en materia de derechos humanos y representa un grave retroceso para las garantías democráticas del país.
Poder absoluto y debilitamiento de las libertades
Entre las principales preocupaciones de OACNUDH está la eliminación del artículo que garantizaba explícitamente la separación de poderes y el pluralismo político. La reforma otorga a «la Presidencia», o sea, a Ortega y Murillo, la facultad de coordinar los órganos legislativo, judicial y electoral, debilitando significativamente los contrapesos institucionales. Además, restringe la libertad de expresión y de prensa, elimina el derecho a la huelga, suprime garantías procesales esenciales y elimina la prohibición explícita de la tortura.
«El pluralismo político es una garantía esencial para que los ciudadanos elijan libremente a sus representantes. Las personas deben ser libres de apoyar u oponerse a diferentes opciones políticas sin temor a la manipulación o la influencia indebida que afecte su autonomía», señaló Andrés Sánchez Thorin, representante encargado de OACNUDH para la región.
Represión transnacional
«OACNUDH también ve con preocupación las disposiciones que permiten la pérdida de nacionalidad por el delito de traición a la patria, definido además en términos amplios, lo cual institucionaliza la práctica ya existente de despojar de su nacionalidad a personas consideradas opositoras políticas, dejando a estas personas en situación de apatridia. La reforma, junto con leyes aprobadas en los últimos meses de 2024, refuerzan mecanismos de control y represión tanto nacionales como transnacionales contra individuos y organizaciones», denuncia la agencia de la ONU.
Por otra parte, la enmienda fortalece mecanismos de seguridad con el potencial de agravar violaciones de derechos humanos. Uno de esos mecanismos es el intento de legitimar vía Constitución la existencia de los paramilitares, a los que el régimen llama con el eufemismo de «Policía Voluntaria». «En el caso de la Policía Voluntaria, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha podido documentar la vinculación de esta entidad con graves violaciones de derechos humanos en sus informes», insiste.
Además, denuncia la creación de las «fuerzas militares de reserva patriótica, conformadas mayoritariamente por civiles». La reforma también otorga al régimen la facultad de ordenar intervenciones militares en los asuntos de seguridad pública, sin control adicional, lo que deja abierta la puerta para que el Ejército ataque cualquier movilización cívica que Ortega vea como un peligro a su permanencia en el poder.
Pronunciamiento internacional
La reforma ha sido condenada por organismos internacionales, incluido el Alto Comisionado Volker Turk, quien en noviembre de 2024 advirtió que esta enmienda «supondrá la muerte de las libertades fundamentales y del Estado de derecho en Nicaragua, socavando aún más los ya frágiles controles y equilibrios sobre el poder ejecutivo».
Aunque la dictadura Ortega-Murillo ha demostrado que no está interesada en acatar ninguna recomendación internacional para reencausar al país por el camino democrático, OACNUDH urgió al gobierno nicaragüense a revisar las disposiciones aprobadas y garantizar que estén alineadas con las normas internacionales de derechos humanos, incluyendo la separación de poderes, el pluralismo político y las libertades fundamentales. Además, reiteró su disposición para brindar asistencia técnica y colaborar con las autoridades para asegurar que las leyes y políticas respeten los compromisos internacionales del país.
«La reforma constitucional aprobada vulnera las obligaciones internacionales asumidas por Nicaragua. Instamos al Estado a revisarla de manera urgente y priorizar la protección de los derechos humanos y la democracia», subrayó el organismo.
Contexto crítico
La aprobación de esta reforma representa un capítulo más en el continuo deterioro de los derechos humanos y las instituciones democráticas en Nicaragua. La comunidad internacional observa con creciente preocupación el aumento de medidas represivas y autoritarias que consolidan el poder absoluto del régimen de Ortega-Murillo.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que estas modificaciones tienen un impacto devastador sobre el pueblo nicaragüense, eliminando las pocas garantías democráticas restantes y reforzando un sistema de represión institucionalizado.
La situación en Nicaragua pone en evidencia la necesidad urgente de una respuesta contundente de la comunidad internacional para frenar la deriva autoritaria y proteger los derechos fundamentales de la población.
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