De los 135 exprisioneros políticos nicaragüenses desterrados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a Guatemala el pasado cinco de septiembre de 2024, 37 fueron rechazados por el gobierno de los Estados Unidos en sus solicitudes de reasentamiento, y por tanto no podrán entrar a territorio norteamericano, según informaron esta semana.
Además de los 37 titulares, también les fueron desestimadas las solicitudes a algunos de sus hijos o parejas que habían llegado a Guatemala para realizar la petición junto a sus parientes desterrados.
El rechazo de parte de Estados Unidos a estos 59 nicaragüenses víctimas de la persecución y represión sandinista ocurre pese a realizar trámites con la Organización Internacional del Migrante (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados(ACNUR).
«Agradecemos al gobierno de Guatemala por habernos abierto las puertas en un momento de extrema necesidad; sin embargo, no elegimos a Guatemala como destino final, desde un inicio, nuestro principal objetivo fue tramitar la solicitud de refugio en un tercer país, a pesar de cumplir con los requisitos de la OIM y ACNUR para el refugio en EEUU, 37 titulares, dos esposas y 13 niños fueron rechazados», dice la activista Mayela Campos a través de un video que difundieron por las redes sociales.
Las razones de su negación de asilo, según las jóvenes activistas, «coinciden con las mismas acusaciones injustas» que las llevaron a ser perseguidas por el régimen de Ortega-Murillo. «Es alarmante que las razones de estas negaciones coincidan con las mismas razones que nos llevaron a ser perseguidos y encarcelados en Nicaragua, perpetuando así la narrativa de la dictadura», dice.
Las opositoras, junto al resto de denegados, lamentaron la postura de la administración norteamericana y calificaron de «injusticia» la desestimación de sus peticiones. Además, resumieron que esta situación golpeó a 22 núcleos familiares porque hay, según dicen, casos de separación familiar porque hubo familias en las que solo una persona fue admitida.

Además, el caso de una persona no aparece en los registros de OIM y ACNUR por lo que su solicitud nunca fue presentada pese a formar parte del grupo de 135 reos políticos en el país centroamericano. Cuatro casos a los que el rechazo les fue notificado de manera verbal. El desalojo inminente de los hoteles en los que los reos se hospedaban, sin notificar si habrá una reubicación de domicilio.
Gabriela Morales añade que una de las preocupaciones de los 59 afectados, es el manejo de su información personal por diferentes personas y organizaciones «sin su consentimiento», y se queja que esto expone a un riesgo innecesario a los perseguidos políticos nicaragüenses que aún se encuentran en Guatemala.
El grupo rechazado creó una comisión que se encargará de exponer su situación ante el gobierno de EE.UU., la OIM y ACNUR, además de solicitar a la OIM y ACNUR el mantenimiento de alojamiento, alimentación y servicios de salud. Actualmente, el grupo de denegados busca asesoría legal para apelar la decisión de la Oficina de Migración y Seguridad de Estados Unidos.
Morales y Campos fueron arrestadas en agosto de 2023. Juzgadas y condenadas a ocho años de prisión tras quemar la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), acción que hicieron en protesta por el cierre y robo que perpetró el orteguismo contra las instalaciones de la Universidad Centroamericana (UCA).