«Se buscan, ¡que paguen!», la campaña opositora contra los criminales del régimen sandinista

La Alianza Cívica Nicaragua lanzó este pasado fin de semana la campaña «Se buscan, ¡que paguen!» contra los operadores orteguistas de la represión en Nicaragua, entre ellos: Francisco Díaz, director de la Policía Nacional; Sonia Castro, Asesora Presidencial para Temas de Salud; Fidel Moreno, Secretario de la Alcadía de Managua; todos señalados de cometer crímenes de lesa humanidad en el país.

La campaña también nombra a Ramona Rodríguez, rectora de la Universidad Autónoma de Nicaragua (UNAN); Aminta Granera, exdirectora de la Policía Nacional; Luis Pérez Olivas, Ramón Avellán y Justo Pastor Urbina, todos comisionados de la policía orteguista y ejecutores directos del plan «vamos con todo», ordenado por la codictadora Rosario Murillo.

La oposición nicaragüense busca poner en el foco de la comunidad internacional a los operadores del régimen, que tras las protestas antigubernamentales de 2018 iniciaron una ola represiva en el país. Estos criminales dejaron más de 300 muertos, miles de secuestrados, entre ellos religiosos, periodistas, médicos y connacionales que han sido expulsados y desnacionalizados. Además de miles de ciudadanos obligados a emigrar del país.

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Organismos y la comunidad internacional han condenado los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen sandinista. El grupo de expertos de las Naciones Unidas denunciaron la persecución religiosa que mantienen los Ortega Murillo como un crimen de lesa humanidad.

«El Presidente Ortega, la Vicepresidenta Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional por perseguir a su propio pueblo, incluyendo a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas», afirmó el presidente del Grupo de Expertos, Jan Simon.

Argentina gira orden de captura contra Ortega por crímenes de lesa humanidad

Recientemente la justicia argentina giró una orden de captura internacional contra Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, por la «violación sistemática de derechos humanos», la orden también se extiende a los operadores del régimen antes mencionados.

La denuncia contra los Ortega Murillo y su cúpula de poder fue interpuesta por el abogado argentino Darío Richarte y se fundamenta en el principio de jurisdicción universal que permite a los países procesar crímenes de lesa humanidad independientemente de dónde se hayan cometido.

Los crímenes por los que son acusados ​​incluyen «asesinato, privación grave de la libertad, desaparición forzada de personas, tortura, deportación o traslado forzoso de población y persecución de un grupo o colectividad», dice el reporte de los expertos de la ONU.