Por lo menos 40 nuevos secuestros y cinco destierros de nicaragüenses han ejecutado las fuerzas represivas de la dictadura Ortega-Murillo durante las últimas dos semanas, entre ellas se cuenta la expulsión de una familia completa donde destaca como víctima un niño de 11 años.
De acuerdo con el recuento que lleva la organización independiente Monitoreo Azul y Blanco, entre el 22 noviembre, cuando el régimen nicaragüense reanudó las detenciones arbitrarias de personas percibidas como opositoras al menos 40 ciudadanos han sido sustraídos de sus casas y trasladadas hacia lugares que hasta ahora se desconocen.
Ana Lucía Álvarez, del Monitoreo Azul y Blanco, durante una entrevista con el medio de comunicación Confidencial, detalló que de los 40 ciudadanos secuestrados, al menos 32 se mantienen aún en condición de «desaparición forzada por ocultamiento de paradero», pues desde el día de su captura a manos de la Policía no se ha vuelto a saber nada de ellos.
En un comunicado reciente, la organización de monitoreo denuncia que «las familias de las personas detenidas han sido privadas de información sobre su paradero y estado en una flagrante violación de los derechos humanos».
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Asimismo, agregan que «esta es una nueva redada se distingue por una crueldad sin precedentes, dejando en evidencia la intención del régimen de silenciar cualquier voz disidente mediante el uso del terror».
La activista defensora de derechos humanos detalla que, del total de secuestrados, posiblemente tres habrían sido liberados y cinco desterrados. Sin embargo, Álvarez aclara que estos números son preliminares, pues aún siguen en un proceso de confirmaciones.
De confirmarse esos datos, sumando los 32 que se encuentran actualmente en condición de desaparecidos, el número de presos políticos aumentaría a 78, pues ya habían 46 encarcelados por los mismos motivos antes de la nueva redada.
Álvarez indicó que esos casos se han reportado de al menos 14 departamentos del país, aunque la mayoría de detenciones se han perpetrado en el occidente del país.
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Una particularidad de estos secuestros es que, según Azul y Blanco, los enviados por el sandinismo se han llevado a personalidades notables de las comunidades, gente respetada por la población de sus comunidades.
La organización insiste, en su comunicado, en hacerle un llamado a la comunidad internacional a que presione al régimen de Managua para que cese la persecución sistemática y se exija «el acceso de organismos de derechos humanos al país para investigar estos crímenes y garantizar la protección de las personas afectadas».
Asimismo, pide la solidaridad activa de los pueblos y gobiernos de las Américas para frenar esta escalada de violencia estatal y advierte que «la vida, integridad y dignidad de estas personas detenidas está en grave riesgo», por lo que reitera que la comunidad internacional no puede permanecer en silencio, ante estos hechos. ¡Es hora de actuar! Dice la organización en el exilio.
