Alto comisionado de DD.HH. de la ONU insta a diputados nicaragüenses a rechazar reformas constitucionales

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó, este viernes, 22 de noviembre, a los  diputados nicaragüenses a rechazar las reformas constitucionales ordenadas por el dictador Daniel Ortega porque «podrían amenazar aún más el Estado de Derecho y agravar la crisis de derechos humanos en el país».

Aunque el llamado habría llegado tarde porque los legisladores ya aprobaron este mismo día y sin ningún tipo de discusión las reformas constitucionales, el alto comisionado de la ONU advierte que «si se adoptan, estos cambios marcarán el fin de las libertades fundamentales y del Estado de Derecho en Nicaragua, erosionando aún más los ya frágiles contrapesos restantes al Poder Ejecutivo».

«Hago un fuerte llamado a los legisladores para que rechacen por completo las enmiendas propuestas, y llamo al Gobierno a abandonar también la presentación de estas propuestas extremadamente preocupantes», dice Türk en un comunicado publicado en el sitio web oficial de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH). 

De igual manera, el alto comisionado de la ONU se declaran preocupado porque la reforma aprobada por los diputados sandinista y sus colaboradores zancudos  eliminan «la prohibición explícita de la tortura en la Constitución».

Noticia relacionada: Asamblea Nacional aprueba reforma que da poder total a Ortega y Murillo

«La tortura, en cualquier contexto, es ilegal, y dar este paso retrógrado para eliminar la protección legal existente contra ella es profundamente alarmante», sentencia el funcionario.

Asimismo, expresa su preocupación porque la nueva constitución también amplía los poderes de los dictadores para  «despojar a las personas de su ciudadanía», algo que ya utilizan de manera amplia  «como medio de represión arbitraria contra críticos del gobierno y disidentes».

En ese sentido, la instancia de DD.HH de la ONU recuerda que, desde febrero de 2023, hasta la fecha, al menos 546 nicaragüenses han sido despojados formalmente de su nacionalidad, dejándolos a muchos de ellos en condición de apatridia y hasta despojados de sus bienes, incluyendo propiedades, cuentas bancarias y pensiones.

Los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo enviaron a la Asamblea Nacional para su aprobación, el pasado 19 de noviembre, una iniciativa de Ley de reformas a la Constitución Política de Nicaragua, enmendando 130 artículo y derogando 38, de los 202 que tiene la Carta Magna que estará vigente hasta enero del próximo año, cuando los legisladores al servicio del régimen aprueben, en segunda legislatura, los cambios que pondrán en vigencia una nueva Ley Suprema que refunda un nuevo estado, a la medida del matrimonio dictatorial y le garantiza la sucesión dinástica.

Noticia relacionada: Diputados de Ortega aprueban en primera legislatura las reformas a la Constitución que dinamitan el Estado de derecho, sin consultar a nadie

Las enmiendas constitucionales, entre otras cosas, buscan otorgar a la «Presidencia» ahora bicéfala, integrada por dos «copresidentes», entiéndase Ortega y Murillo, poderes para «coordinar» los «órganos» Legislativo, Judicial y Electoral, con lo que desaparece definitivamente a nivel constitucional la separación de poderes, que en la práctica ya había desaparecido.

Restringe aún más el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, tanto en contextos públicos como privados «basándose en vagos argumentos de “bienestar”», critica el comunicado de la OACNUDH.

Asimismo, los cambios constitucionales ordenados por el matrimonio tiránico eliminan de tajo toda referencia a la existencia, aunque sea en papel de pluralismo político.

«La propuesta de eliminar el compromiso de la Constitución con el pluralismo político es una señal profundamente alarmante de cara a las elecciones generales de 2026», afirmó el Alto Comisionado.

Cabe destacar que, de implementarse de inmediato las reformas constitucionales en enero, una vez sean aprobadas en segunda legislatura, ya no habrá elecciones en 2026 sino hasta el 2027, pues se enmienda el periodo presidencial, pasando de cinco a seis años.

Estados Unidos también rechaza reformas

El Gobierno de Estados Unidos también se había pronunciado antes contra las reformas a la Constitución impulsadas por Ortega y Murillo y las calificó como una «maniobra» del régimen para darle más poder a la actual vicepresidenta, utilizando a la «corrupta Asamblea Nacional».

«Condenamos las maniobras de la corrupta Asamblea Nacional de Nicaragua para cambiar, sin revisión ni debate, la Constitución con el fin de consolidar más poder en manos de Ortega y Murillo», dijo el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Brian Nichols

El funcionario de la diplomacia estadounidense advirtió que el régimen Ortega-Murillo, tras las reformas a la Carta Magna, utilizará ese poder para «oprimir a los nicaragüenses y aislar aún más a Nicaragua de la comunidad internacional».