El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca significará mayor presión para la dictadura de Daniel Ortega y su esposa y vicedictadora, Rosario Murilo, tomando en cuenta que el presidente republicano ejerció mano dura contra la tiranía nicaragüense durante su mandato anterior (2017-2021) cuando aplicó sanciones hasta a la propia primera dama y condicionó los préstamos para el régimen.
El próximo 20 de enero de 2025, Trump jurará su cargo para los próximos cuatro años como el presidente de Estados Unidos número 47, en su segundo y último periodo presidencial, de acuerdo con las leyes de ese país que no permiten a un ciudadano ejercer el máximo cargo ejecutivo más de dos veces y de esa manera se inaugurará la segunda etapa no consecutiva de la era Trump.
¿Qué ha significado este presidente para los Ortega-Murillo?
Si se toma como referencia la posición asumida por el republicano durante su mandato anterior, el régimen dictatorial de Managua no la tendrá nada fácil, incluso, algunos analistas han llegado a predecir que los Ortega-Murillo no sobrevivirán a la segunda etapa de Trump, que seguirá siendo una «pesadilla» para los tiranos.
Sanciones sin miramientos
Cuando estallaron las protestas sociales de abril de 2018 en Nicaragua, y el régimen de Ortega las aplacó a sangre y fuego, provocando al menos 355 asesinatos, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En Estados Unidos gobernaba Donald Trump, y su reacción no se hizo esperar.
En noviembre de ese mismo año el mandatario republicano no dudó en firmar la Orden Ejecutiva 13851 que ordenó «bloqueo de bienes de ciertas personas que contribuyen a la situación en Nicaragua» y de inmediato se la aplicó a la propia vicedictadora Rosario Murillo y a varios de sus operadores políticos involucrados en la represión, entre ellos a su asesor en temas de seguridad, y una de las mentes de la ola represiva Néstor Moncada Lau.
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Pero la administración Trump no se quedó quieta, pues contó con el respaldo del congreso que, aunando fuerzas entre demócratas y republicanos aprobaron en diciembre de 2018, la Ley conocida como Nica Act, con la que Estados Unidos buscó cerrar los grifos del flujo de financiamiento a la dictadura.
Dicha normativa ordena al Secretario del Tesoro estadounidense y a los representantes de ese país en las instituciones financieras internacionales del Grupo del Banco Mundial para que «empleen la voz, el voto y la influencia de los Estados Unidos para oponerse a la extensión por parte de la corporación financiera internacional de cualquier préstamo o asistencia técnica al Gobierno de Nicaragua o a cualquier entidad para un proyecto en Nicaragua».
Nuevamente el presidente Trump la firmó sin miramientos y la puso en vigencia para aumentar las presiones sobre la dictadura de Daniel Ortega. Y en el 2020, antes de entregar la presidencia la renovó.
Además, el mandatario republicano mantuvo su política de que la situación en Nicaragua constituye «una extraordinaria e inusual amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos», por lo que durante su mandato mantuvo la declaratoria de «emergencia nacional», para contrarrestar con esa amenaza.
Desde 2018 hasta la entrega de su cargo en enero de 2021, la administración Trump aplicó sanciones a por lo menos 50 altos funcionarios e instituciones de la dictadura Ortega-Murillo involucrados en la corrupción gubernamental y sobre todo en la represión contra el pueblo de Nicaragua.
Entre los sancionados se cuentan Rosario Murillo, tres de sus hijos, varias instituciones estatales y empresas ligadas a la familia dictatorial.
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El analista y exreo político Félix Maradiaga, informó que recientemente sostuvo un contacto con miembros del equipo de trabajo del presidente electo Trump y éstos le habrían asegurado que están interesados en una oposición consolidada y unida, lo que para el dirigente opositor es una muestra de que «se están buscando nuevas formas de presión que sean más efectivas frente a las dictaduras en América Latina».
En este nuevo periodo, el presidente republicano contará con fuertes herramientas para ejercer presión sobre las dictaduras de la región, particularmente contra el régimen Ortega-Murillo, como la Ley Global Magnitsky; la Ley Nica Act; la «Lista Engel» de actores corruptos y antidemocráticos; y la orden ejecutiva 13851.
Por los antecedentes conocidos, Trump no titubeará para aplicarlas con rigor contra Ortega. Para algunos observadores, una muestra de lo duro que viene Trump contra los tiranos es el nombramiento como secretario de Estado del senador de origen cubano Marco Rubio, conocido por ser particularmente duro contra los regímenes totalitarios de América Latina y quien ha dicho de Ortega que es un «dictador senil» y de Murillo «una loca».
Si como dice el refrán, por el alba se saca el día, la dictadura de Ortega se las verá difícil con la administración republicana que se inaugura el próximo 20 de enero. Ortega está guardando un inusual silencio sobre Trump y se ha guardado sus acostumbrados insultos contra «el yanqui».
