El Gobierno de Estados Unidos presionará a los bancos multilaterales para que dejen de aprobar préstamos a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La disposición fue extendida por el presidente estadounidense Joe Biden a través del memorando sobre «Determinación Presidencial en Relación con los Esfuerzos de Gobiernos Extranjeros Respecto a la Trata de Personas», divulgado el 30 de septiembre.
«Instruyo al director ejecutivo de los Estados Unidos en cada banco de desarrollo multilateral, según se define en la Ley, y del Fondo Monetario Internacional, a votar en contra y hacer los mejores esfuerzos para negar cualquier préstamo u otra utilización de los fondos de la respectiva institución (…) para los Gobiernos de Bielorrusia, Birmania, Cuba, la República Popular de Corea de Norte, Eritrea, Irán, Macao (Región Administrativa Especial de la República Popular de China), Nicaragua, la República Popular de China, Rusia, Sudán del Sur y Siria para el año fiscal 2025», ordenó Biden.
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El mandatario estadounidense, en la misiva, agregó que tal como lo establece su legislación de su país «no proporcionarán asistencia no humanitaria y no relacionada con el comercio, ni permitirán financiamiento para la participación en programas de intercambio educativo y cultural por parte de funcionarios o empleados de los gobiernos de Nicaragua, la República Popular de China, Rusia y Siria».
La medida, especificó Biden, se prolongará «hasta que dichos gobiernos cumplan con los estándares mínimos de la Ley o realicen esfuerzos significativos para cumplir con dichos estándares».
Nicaragua entre países que incumplen estándares de lucha contra la trata de personas
Los «estándares mínimos» a los que se refiere el memorando de Biden, según detallan las legislaciones estadounidenses, están vinculados a lo establecido en la Ley de Protección de Víctimas de Trata de 2000 (TVPA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que incluye una serie de criterios que los países deben cumplir para ser considerados como aliados que luchan contra ese flagelo.
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Entre dichos estándares se incluye la prohibición de la trata de personas, a través de leyes que la prohíban. investigación y enjuiciamiento de las personas o traficantes que cometen dicho delito; garantías de protección, refugio y asistencia a las víctimas de ese flagelo; y prevención de este delito, aumentando la conciencia, respeto de derechos humanos y garantías para los ciudadanos.
El Gobierno de Estados Unidos desde el año pasado ha endurecido su postura frente a la migración irregular que asegura se promueve desde Nicaragua, causando esto que los migrantes sean víctimas de traficantes de personas. Algunas de las acciones dirigidas por la Administración de Biden también han estado enfocadas en la ampliación de restricciones de visas a «propietarios, directivos y altos funcionarios» de compañías de vuelos chárter, transporte terrestre y marítimo, a los que señala de «favorecer la migración irregular» hacia territorio estadounidense.