Por: runrun.es
Cuando finalizó la manifestación “Acta mata sentencia”, que convocó el pasado miércoles 28 de agosto María Corina Machado –líder opositora y ganadora de las Primarias de la oposición– comenzaron las alarmas.
Poco antes de las 2:00 pm, el Comando ConVzla denunció a través de sus redes sociales que un grupo de hombres no identificados perseguía a dos de sus miembros más visibles, dirigentes cercanos a Machado y al candidato presidencial Edmundo González: los exdiputados Juan Pablo Guanipa, de Primero Justicia, y Biagio Pilieri, coordinador de Convergencia.
La señal del teléfono de este último indicó que estaba, junto a su hijo, el también militante político Jesús Pilieri, en El Helicoide, la prisión que ha sido denunciada como el mayor centro de tortura del país. Los Pilieri acababan de ser detenidos en Venezuela.
Desde el 29 de julio, cuando comenzaron las protestas contra los resultados de las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Nicolás Maduro,los cuerpos de seguridad del Estado han encarcelado a miles de venezolanos. Han ido contra políticos, pero también contra activistas, periodistas y cualquier persona que haya cuestionado los comicios cuyas cifras definitivas y desglosadas, un mes después, todavía se desconocen.
A mediados de agosto, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, señaló que en el país había más de 2.400 detenidos.
“El derecho penal nunca debe utilizarse para limitar indebidamente los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación”, dijo el alto comisionado en un comunicado emitido a propósito de las estadísticas que daban cuenta de la arbitrariedad de los arrestos y el uso desproporcionado de la fuerza de los funcionarios policiales y militares contra quienes disienten del gobierno.
La organización Foro Penal señaló que las cifras de detenidos confirmados e identificados por ellos –donde no se incluyen los arrestos de menos de 48 horas– en este período supera los 1.500. Sumados a los que ya estaban tras las rejas antes de las elecciones presidenciales, se trata del “mayor número de presos con fines políticos conocido en Venezuela” en lo que va de siglo.
De acuerdo con los registros de Foro Penal, hay al menos 91 adolescentes detenidos, 12 indígenas y más de 200 mujeres. Este balance repasa la cantidad de arrestados por estado y se detiene a revisar las particularidades de grupos como los 59 militantes políticos y miembros de comandos (identificados como actores políticos en este reportaje), los 17 periodistas y cinco activistas de derechos humanos.
Políticos perseguidos
El martes 30 de julio, el día siguiente a las primeras manifestaciones en contra de los resultados electorales, catorce personas vinculadas a partidos políticos y comandos de campaña de oposición fueron arrestados de forma arbitraria en siete estados de Venezuela.
Al líder del partido Voluntad Popular (VP), Freddy Superlano, lo secuestraron ese día junto a Renzo Salinas, su sobrino, y a Rafael Enrique García, quien era su chofer en ese momento. Aunque Salinas y García ya fueron liberados, del dirigente poco se sabe. Desde su captura, su esposa Aurora Silva, sus hijas y familiares aún desconocen su estado físico y mental. Su abogado, Joel García, denunció que no se le permite el derecho a la defensa y enfrenta cargos de traición a la patria y conspiración.
El 1 de agosto, Tarek William Saab declaró sobre la situación de Superlano: “Está en buen estado de salud, está cooperando, los que saben de derecho entenderán lo que estoy diciendo. Aparte de admitir algunas de las cosas que aquí hemos ido narrando (…)“. Aún hoy, el dirigente sigue en El Helicoide.
Superlano es parte de los 59 actores políticos arrestados de manera arbitraria, desde el 28 de julio hasta el 28 de agosto. Después de la jornada del 30 de julio, el 1 de agosto se reportaron cuatro arrestos y el 2 de agosto ocho. Los siguientes días detuvieron entre una y cuatro personas.
Los estados con mayor cantidad de incidencias fueron Miranda, con 15 detenciones arbitrarias; Carabobo, con cinco; Distrito Capital, con cuatro; y Aragua, con tres.
De estos detenidos hay 15 –27% del total– que son parte del partido político liderado por María Corina Machado, Vente Venezuela (VV), y cuatro apoyaron al Comando Nacional de Campaña del movimiento.
La joven abogada y jefa del Comando de campaña ConVzla, María Oropeza, fue aprehendida el 6 de agosto en su casa por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), quienes tumbaron su puerta e ingresaron sin orden judicial. Tras 10 días sin tener fe de vida de ella, el abogado Omar Mora Tosta informó que se encuentra en El Helicoide y fue imputada con presuntos delitos de terrorismo e incitación al odio.
Del mismo partido, el abogado de Maria Corina Machado y asesor legal de VV, Perkins Rocha, fue arrestado este 27 de agosto, por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, y presuntamente trasladado a El Helicoide. El partido denunció que la residencia de Rocha fue allanada y sus equipos confiscados.
Diez de los políticos detenidos, 18% del total, son miembros del partido Primero Justicia (PJ), entre ellos, el vicepresidente de Organización y activista por los Derechos Humanos (DDHH), Edward Ocariz, detenido el 2 de agosto en la parroquia Coche del Distrito Capital; y la vicepresidenta de Formación y Programas del partido en Aragua – e importante lider comunitaria, Rita Capriti, arrestada en la ciudad de Turmero de dicho estado.
Siete detenidos (13%) pertenecen al partido Acción Democrática (AD), como Williams Dávila Barrios, secuestrado en una camioneta plateada por funcionarios no identificados el 8 de agosto en Caracas, cuando salía de una vigilia por los presos políticos en la plaza Los Palos Grandes, convocada por Machado. El 14 de agosto fue trasladado hacia un hospital con un estado grave de salud.
Tres (5%) actores políticos son parte de Un Nuevo Tiempo (UNT), tres (5%) de Voluntad Popular (VP) y dos (4%) de La Causa R.
Autoridades tras las rejas
Entre los detenidos, también hay cuatro alcaldes: Jordan Sifuentes, alcalde del municipio Mejía, en el estado Sucre, el único opositor con este cargo en la entidad; José Mosquera Adarme, alcalde de Lagunillas, Zulia, quien ya fue liberado; Fernando Feo, alcalde de Tinaquillo, Cojedes; y José Leocadio Carrillo, alcalde del municipio Urdaneta, Trujillo, quien también fue excarcelado. Se suma la concejal del municipio Freites, Anzoátegui, Beatriz Andrade, a quien le imputaron presuntos delitos de incitación al odio, asociación para delinquir y terrorismo tras una audiencia telemática.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) amplió las medidas de protección para Américo De Grazia, dirigente de Guayana Libre y exdiputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que fue capturado en Distrito Capital.
La organización también modificó las medidas para Williams Dávila, y acordó medidas cautelares para la abogada y activista política de Alianza Bravo Pueblo, Carmen Leonor García, detenida en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, el 17 de agosto.
De los 59 actores políticos, solo ocho han sido excarcelados. Otros ocho están recluidos en El Helicoide sin que sus familiares tengan fe de vida de ellos.
Periodistas y activistas en la mira
Durante y luego de las elecciones del domingo 28 de julio, periodistas y activistas han sido amenazados y hostigados por entes de seguridad nacional, e incluso víctimas de detenciones arbitrarias y allanamientos por motivos que violan el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información, como publicar información que contraría la versión oficial o cubrir las manifestaciones postelectorales.
Desde el 28 de julio hasta el 25 de agosto se registraron 17 detenciones de periodistas de distintos medios de comunicación en nueve estados de Venezuela: cinco reporteros, tres camarógrafos, tres reporteros gráficos, un community manager y un editor. Hay cuatro periodistas detenidos cuyos cargos no se identificaron. Uno de ellos recién egresó de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos.
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Hubo cuatro detenciones de periodistas en Distrito Capital, tres en Anzoátegui, dos en Trujillo, dos en Táchira y dos en Miranda. En Barinas, Guárico, Bolívar y La Guaira hubo una en cada estado.
A cuatro de los 17 detenidos les imputaron delitos de terrorismo. Entre ellos, está Eleangel Navas Vidal, Carmela Longo, Deysi Peña y Yousner Alvarado.
A través de esta base de datos, se determinó que la mayor cantidad de detenciones arbitrarias de periodistas ocurrió en la primera semana de agosto (28 de julio al 3 de agosto) con un total de 12 detenidos.
El más reciente de los casos es el de Carmela Longo, detenida días después de ser despedida del medio de comunicación Últimas Noticias, tras 20 años de servicio. En horas de la tarde del pasado 25 de agosto, una comisión del Dirección de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ingresó a su casa con una orden de allanamiento, según declaraciones de los vigilantes de su edificio.
A Longo la detuvieron junto a su hijo, quien fue liberado horas después. A ella le imputaron cargos de terrorismo e incitación al odio y la excarcelaron al día siguiente bajo régimen de presentación y con prohibición de salida del país.
Además de Longo, hay otros seis que pudieron salir de la cárcel. Tres de ellos eran periodistas internacionales que fueron obligados a abandonar el país. Uno de ellos es Cake Minuesa, reportero español a quien, luego de haber terminado su cobertura electoral del 28 de julio, lo detuvo la DGCIM para trasladarlo a Colombia y deportarlo a España. Los otros dos periodistas son Iván Núñez y José Luis Tapia, reportero y camarógrafo chilenos, quienes ingresaron por la frontera terrestre entre Cúcuta y San Antonio del Táchira, en el occidente venezolano. Los detuvieron para acusarlos de espionaje.
Defensores bajo amenaza
Entre el 30 de julio y el 17 de agosto, seis activistas de derechos humanos fueron detenidos por cuerpos de seguridad del Estado en Carabobo, La Guaira y Amazonas.
Solo dos de ellos han sido liberados: Yendri Velásquez y Edni López, quienes fueron detenidos al intentar abordar un vuelo fuera del país en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. Ambos estuvieron retenidos y sin comunicación en La Guaira. En el caso de Velásquez, fue liberado a las horas de su detención; mientras que López, fue liberada con medidas cautelares tras cinco días detenida.
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Asimismo, dos de ellos fueron detenidos por defender a manifestantes arrestados. En Amazonas, Henry Gómez fue detenido en una manifestación pacífica cuando mediaba con funcionarios que intentaban detener a una persona que sufre de esquizofrenia. En Carabobo, a Kennedy Tejera lo arrestó la Guardia Nacional Bolivariana cuando averiguaba sobre la situación de unos detenidos en protesta en la comandancia.
La más reciente arrestada es Nélida Sánchez, coordinadora de Formación Ciudadana Electoral de la asociación civil Súmate, enfocada en la capacitación y veeduría en procesos de participación ciudadana. El Sebin la detuvo el pasado 26 de agosto y la mantiene en su sede de El Helicoide. En un comunicado, la organización afirmó que la víctima sufre de enfermedades crónicas como asma, fibromialgia y una afección cardíaca.
