Estas son las noticias más importantes del 30 de agosto de 2024

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de una nota oficial de la Fiscalía, dio a conocer sobre la acusación interpuesta contra un grupo de exfuncionarios sandinistas, a quienes acusa por «robo», y presenta como un «grupo delictivo» que, según dicen, «valiéndose de sus funciones, robó al pueblo nicaragüense».

Según el documento difundido a través de los medios de la propaganda sandinista, el Ministerio Público agrega que «se ha presentado formal acusación en contra de los sujetos: Gustavo Antonio Zapata; Alejandro José Taleno Rueda; Ernesto Rafael Paredes Pérez; Cristian Eduardo Bermúdez Roque; José Antonio Bermúdez Sobalvarro; Isaías Alejandro Bonilla Chamorro, Frank Eduardo Matus Rodríguez, y Rigoberto José Ramos, por ser coautores del delito de ROBO a la población nicaragüense, en la modalidad de los delitos de Fraude, Malversación de Caudales Públicos y Tercero Beneficiado».

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La Fiscalía, controlada en su totalidad por la pareja dictatorial compuesta por Daniel Ortega y Rosario Murillo, «reveló que los coacusados, aprovechándose de sus cargos en entidades públicas, se apropiaron de fondos del erario de la Nación, destinados al otorgamiento de créditos a productores, emprendedores, dueños de pequeños negocios del sector urbano y rural, que estaban dirigidos a mejorar la calidad y competitividad de sus productos».

Según un publicación del medio Confidencial, del pasado 27 de agosto, estas ocho personas que ahora son acusados por la Fiscalía, estaban en un grupo de Whatsapp, que se identificaba como «La Comuna», en el que compartían comentarios políticos con Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) Carlos Fonseca Amador.

Esa situación habría provocado la caída en desgracia de Fonseca Terán, quien, según dice la misma publicación de Confidencial, estaría bajo el régimen de casa por cárcel, junto a toda su familia, en su vivienda en el residencial Lomas del Valle, en Managua.

Luego de la derrota del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), donde no logró que los países eligieran como secretario general a su enviado Valdrack Jaentschke, la codictadora Rosario Murillo amenazó con «prescindir» del órgano regional, pero ¿Podría Nicaragua salirse del SICA?

Para el analista y abogado Eliseo Núñez, para desgracia de Ortega, Nicaragua no tiene forma de salirse del SICA, pues es un contrato sin salida y está ligado al comercio regional incluyendo el tránsito de carga internacional terrestre. Ortega podría hacerlo, pero aislaría a Nicaragua del resto de Centroamérica y complicaría al país, dice el opositor, quien además fue diputado por Nicaragua ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

«Nicaragua tiene una dependencia enorme del producto de mano factura industrial como alimenticios y producción centroamericana (…), productos que conforman la canasta básica, por lo que de salir políticamente hablando del SICA representaría quedar en un mercado como el de Cuba, un mercado desabastecido, aislado totalmente», dijo Núñez, en el programa En Contacto, que dirige el periodista Álvaro Navarro.

«Ortega está amenazando, por que el SICA permite el transporte internacional y el intercambio comercial. Si se sale, entonces pasaría como en México, que los camiones que llegan con mercancías de Guatemala, tienen que cambiar la carga a un camión con placa mexicana y una rastra con placa mexicana para que puedan seguir hacia México. Eso complicaría mucho el comercio».

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¿Pero podría Ortega salirse del SICA, políticamente, sin quebrar el resto de acuerdos comerciales y de transporte?, le preguntó Navarro. «Es que eso no sería una amenaza y si pasa eso, el único que perdería ahí es Ortega, al salirse políticamente y dejar todos los acuerdos vivos. Por eso más bien, Ortega lo que está haciendo es la amenaza, por eso te digo, ojalá que los centroamericanos pierdan el miedo, por que para Ortega eso sería un tiro en el pie, brutal».

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo envió una iniciativa de ley que ya está dentro del seno del Poder Legislativo para controlar las remesas enviadas a Nicaragua. La iniciativa es una reforma a la Ley Contra el Lavado de Activos (Ley 977) y la Ley de la Unidad de Análisis Financiero (976), que será aprobada en los próximos días por la aplanadora sandinista.

La dictadura, a través de la reforma, modificará 12 artículos de la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. En consecuencia, ahora la Unidad de Análisis Financiero (UAF) vigilará a las agencias que reciben las remesas que entran al país y las obligará a rendir cuentas detalladas.

«Se manda a los supervisores, a establecer normas para obtener la información sobre originadores y beneficiarios de transferencias electrónicas, remesas y proveedores de servicios de activos virtuales», indica el documento.