Ortega creará empresa estatal para encargarse del dragado del Río San Juan

El dictador Daniel Ortega, a través del decreto presidencial 11-2024, ordenó este viernes, 23 de agosto, reformar el decreto ejecutivo 13-2008 de creación de la Comisión para el Desarrollo del Río San Juan. El objetivo es quitarle facultades a ese ente y, al mismo tiempo, ordenar la creación de una empresa estatal.

«Las funciones de dragado que ejercía la Comisión para el Desarrollo del Río San Juan serán trasladadas a una empresa propiedad del Estado que será creada para tal fin», orienta el dictador en el decreto presidencial.

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Además, indica que las funciones de la Comisión para el Desarrollo del Río San Juan ahora solo estarán enfocadas en «estudio, turismo, muelles, ecología y promoción de la pesca artesanal, y en definitiva el mejoramiento total de la zona, con el fin de coordinar la aplicación de políticas, planes y acciones ambientales y de desarrollo para su protección y conservación».

Nuevo dragado en Río San Juan

El cambio ordenado por Ortega ocurre tres semanas después que este asegurara, el pasado 30 de julio, al despotricar contra contra Costa Rica, que estaban haciendo una «limpieza en el Río San Juan», señalando al Gobierno costarricense —que le pidió más información sobre esos trabajos— «robarse Guanacaste» y de «querer robar el Río San Juan».

«Ahora que el general (Óscar) Mojica, (ministro de Transporte e Infraestructura), anunció que se va a hacer limpieza en el Río (San Juan). Ya vino una carta de ellos (Gobierno de Costa Rica) (argumentando) que tenían que ser tomados en cuenta», cuestionó Ortega durante su discurso de ese 30 de julio, remarcando que al tratarse solo de una limpieza la obra no va a tener impacto sobre territorio costarricense.

El Gobierno de Costa Rica, en respuesta a las declaraciones de Ortega, a través de uan nota diplomática, reconoció el derecho de Nicaragua a realizar «mejoras» en el cauce del Río San Juan, resaltando que esto «siempre y cuando ello no dañe el territorio de Costa Rica o se afecten los derechos de Costa Rica».