Dictadura de Ortega convertirá a ONG en organizaciones paraestatales

La vicedictadora Rosario Murillo, anunció una «nueva reestructuración en la forma de trabajo» para las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que aún quedan en el país, según Murillo, ahora las oenegés deberán, por ley, trabajar en alianza con instituciones del Estado.

Esta «reestructuración» o “Alianzas de Asociación” como es nombrado por el Gobierno, tienen como función principal ligar los proyectos que desarrollan las ONG a diferentes instituciones del Estado controlado por la pareja presidencial bajo la excusa de un nuevo modelo de operatividad.

«Cada ONG, en cumplimiento de todas sus obligaciones de Ley, presentará a las Entidades Públicas, a través del Ministerio del Interior o de la Cancillería de la República, según sea el caso, propuestas específicas para programas y proyectos de alianzas, alrededor de temáticas particulares, de acuerdo a su definición o vocación», dijo el gobierno en un comunicado oficial.

Murillo manifestó que el gobierno y las instituciones decidirán si aprueban o no los proyectos presentados por los organismos, También aclaró que para ser aprobados, estos estarán estrictamente apegados a las leyes del país; una vez terminado dicho proyecto, la organización podrá presentar otra propuesta.

Además, como parte de la reforma a las leyes que regulan las oenegés, el régimen anunció que eliminarán las exoneraciones a dichos proyectos. «En esta lógica, ningún Programa o Proyecto será objeto o sujeto de exoneraciones u otros beneficios fiscales, de manera que se fundamenten en un estricto propósito e intención de Respeto y Solidaridad», dice.

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Para los opositores al régimen las onegés que han sobrevivido en Nicaragua, con esta ley, estarán bajo vigilancia y presión del régimen sandinista, que acusó y cerró organismos por supuestamente planear un «golpe de Estado» contra el gobierno en relación a las manifestaciones antigubernamentales en 2018.

«Esto es parte de la estrategia del régimen de ampliar aún más el control que ejerce sobre las pocas organizaciones de la sociedad civil que ellos han autorizado a seguir operando en Nicaragua, esto les va a permitir vigilar todavía más de cerca las actividades que estas llevan a cabo, dice la analista política Alexa Zamora.

Para Zamora, la dictadura no quiere que las ONG establezcan alianzas con países o entidades de cooperación internacional que a ellos les pueda parecer inconvenientes por eso es que ha delegado al Ministerio del Interior y Cancillería para establecer un control sobre las oenegés, lo que es una censura total a la libertad de los organismos.

«Esta nueva regulación que anunció Rosario Murillo, con relación al funcionamiento de las pocas organizaciones No Gubernamentales que aún sobreviven, no tiene pies ni cabeza con relación a la esencia de las ONG, esto que está planteando, por lo menos en el discurso, viene a convertir en organizaciones, para estatales, es decir les quita la esencia misma de su ser, dice Ana Quirós, de la extinta organización CISAS.

Quirós afirma que Ortega y Murillo delegan al Ministerio del Interior por que este es el encargado de la seguridad nacional y debe ahora controlar de manera directa a los organismos que después del 2018 podrían representar una amenaza. También asegura que usan a la Cancillería para lograr recaudar fondos de la inversión extranjera.

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Para la opositora, el gobierno busca dos cosas con la eliminación de la autonomía de los organismos, deslingar responsabilidades a las instituciones del estado y mantener un control total del funcionamiento de la sociedad. Quirós afirma que el orteguismo ya tienen al ejército, a la policía, instituciones y poderes del estado bajo su control solo faltaba ejercerlo sobre las organizaciones civiles.

Alexa Zamora afirma que el gobierno con estas nuevas medidas busca crear una imagen de cierta «normalidad» sobre el funcionamiento de los organismos en el país luego del cierre masivo de oenegés. «ya hay conocimiento a nivel internacional sobre el control que ejerce la dictadura sobre los organismos» dice.

El gobierno de Daniel Ortega ya suma 3.600 organizaciones sin fines de lucro cerradas unilateralmente desde diciembre de 2018, y la mayoría de sus bienes han sido traspasados al Estado. Entre las ONG cerradas se encuentran muchas de orden religiosos como un ataque directo a la Iglesia Católica que ha jugado un papel importante en el acompañamiento y busqueda de la democracia en Nicaragua.