Ante una alarmante ola de violencia machista que ha dejado, solo en los primeros 7 meses del presente año, al menos 42 mujeres asesinadas dentro de Nicaragua y otras 10 en el extranjero, organizaciones defensoras de derechos humanos y activistas feministas denuncian que las medidas gubernamentales para frenar los crímenes de género son insuficientes o nulas y por ello llaman a la sociedad a sumarse a la demanda de que «se detenga la barbarie».
Mediante un comunicado enviado a los medios de comunicación, las organizaciones defensoras exigen respeto al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, y advierten que las nicaragüenses atraviesan una grave situación de «inseguridad, impunidad, falta de atención especializada en los diferentes delitos de violencia machista, lo que pone en serio riesgo la vida de «niñas, adolescentes y mujeres de todas las edades».
Asimismo, mencionan que, de acuerdo con las estadísticas que maneja el Observatorio Católicas por el Derecho a Decidir, sólo en los primeros siete meses del presente año al menos 42 mujeres fueron víctimas de femicidio dentro de Nicaragua y otras 10 fueron asesinadas en el extranjero.
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«Cada crimen ha sido cometido con saña y crueldad por hombres machistas que se creen dueños de la vida y cuerpo de las mujeres», denuncian las activistas.
Las estadísticas del Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir indican que, «las mujeres asesinadas son en su mayoría jóvenes: 18 estaban en edades de entre 18 y 35 años, otras 10 entre 36 y 59, y otras 10 mujeres en edades de 60 años a más».
Medidas estatales son insuficientes
Asimismo, las organizaciones defensoras señalan que, aunque el Estado de Nicaragua ha anunciado medidas para «atender la violencia contra las mujeres», dichas medidas no tienen efecto, sobre todo en las zonas rurales donde las condiciones para el acceso a la justicia son aún muy precarias.
«Lamentablemente se invisibilizan algunos femicidios tipificándolos como suicidios, lo cual es una muestra más del poco respeto a la vida de las mujeres», señala el comunicado.
En ese sentido las activistas y organizaciones defensoras instan a la sociedad a «sumarse a la denuncia para que se detenga esta barbarie».
Piden a la población no solo expresar indignación ante la escalada de violencia machista sino actuar ante «una tragedia que a su paso deja familias destrozadas, hijos e hijas huérfanas que muchas veces han sido testigos de estos crímenes creándoles un grave trauma en sus vidas».
Secuestros y desapariciones de menores aumentan sin que autoridades actúen
Otro fenómeno sobre el que las feministas y defensoras alzan la voz de alerta es el constante secuestro y desapariciones de niñas y adolescentes.
«En los medios de comunicación y redes sociales cada vez son más las familias que reportan niñas y adolescentes desaparecidas o secuestradas que, ante la falta de respuesta de las instituciones buscan el apoyo de la población», denuncian, y agregan que, algunas familias han denunciado que funcionarios y funcionarias policiales no atienden las denuncias o responden con desprecio hacia la vida de las menores desaparecidas, lo que demuestra falta de profesionalismo en esas dependencias estatales.
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Ante tal falta de atención a los casos de violencia machista, las activistas y defensoras exigen que en cada denuncia se deben activar los protocolos que garanticen la seguridad de las denunciantes y protegerlas de la violencia. «¡Exigimos respeto a la vida y dignidad de las denunciantes!», exponen.
Por ello, también demandan que «para cambiar esta realidad, se hace necesaria la prevención, sanción y reparación de estos delitos como lo establece la Ley 779. Se necesitan campañas y programas que alerten a las chavalas, comunidad y familias para que identifiquen a tiempo los riesgos».
Exigen «acciones no promesas»
En medio de la escalada de violencia machista, las organizaciones defensoras y activistas urgen planes integrales que involucren a todas las instituciones y a diferentes sectores de la sociedad.
Además, piden que la población sea debidamente informada de cuál es «la ruta de acceso a la justicia» y que brinde protección y seguridad a las mujeres, de todas las edades.
Finalmente exigen que «se derriben las barreras que hacen difícil la ruta para acceder a la justicia», además que los daños a las víctimas y a sus familias sean resarcidos, tal como lo mandata la ley. Que se atienda la denuncia con prontitud y beligerancia, para prevenir las muertes de mujeres, y que «se cumplan las políticas públicas acordes con la legislación nacional e internacional que respaldan el derecho de las mujeres a vivir libres de violencias».
