Este jueves 8 de agosto, mientras abandonada la plaza de los Palos Grandes en Caracas, donde se llevó a cabo una concentración para exigir al Estado la liberación de los presos políticos, sujetos no identificados detuvieron al exgobernador del estado Mérida, Williams Dávila y se lo llevaron a bordo de una camioneta. Horas antes, la hija del exdiputado Américo De Grazia denunciaba la desaparición de su padre.
Dos políticos de la oposición desaparecidos en menos de 24 horas.
“Ayer (jueves) se realizaba una vigilia, a ese acto asistió el ex gobernador de Mérida y también parlamentario de la Asamblea de 2015, saliendo de allí lo abordaron en una camioneta sin placas dos motorizados”, declaró a la agencia EFE, el abogado penalista y defensor de derechos humanos, Rafael Narváez.
Narváez expuso que los funcionarios no tenían identificación alguna y se desconoce el paradero del exdiputado. “Es decir, aquí estamos en presencia de una detención arbitraria”.
El abogado informó que Dávila fue operado del corazón y necesita tomar unos medicamentos que no pueden ser interrumpidos.
“Esta escalada represiva y de persecución debe parar y alertarnos al mundo de la misma. Venezuela decidió por el cambio y este debe comenzar con una transición en paz ya”.
Antes de que hombres de civil se llevaran a Dávila, María Andreina De Grazia, hija del exdiputado Américo De Grazia, denunció en redes sociales (antes que X fuese prohibida por supuestamente 10 días) que su padre había sido secuestrado y se encontraba incomunicado en El Helicoide.
“Ya han pasado más de 48 horas y seguimos sin fe de vida, es una persona mayor con muchas limitantes de salud y exigimos al gobierno verlo inmediatamente y que tenga derecho a la defensa privada”, dijo la hija de De Grazia.
De Grazia manifestó que desconoce qué cargos se le imputan a su padre y que lo secuestraron sin una orden de captura. “Mi papá no ha cometido delito alguno, está simplemente secuestrado”.
Otras detenciones después del 28 de julio
Además de Dávila y De Grazia, el régimen madurista detuvo al exalcalde del municipio San Rafael de Onoto en el estado Portuguesa Edgar Miranda.
Otro dirigente político detenido fue el coordinador político de Voluntad Popular, Freddy Superlano. En la madrugada del 30 de junio, el excandidato inhabilitado a la gobernación del estado Barinas fue montado a la fuerza por un grupo de hombres vestidos de negro en una camioneta oscura, en la inmediaciones de la urbanización caraqueña de Sebucán.
A principios del mes de julio, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, anunció en su programa transmitido por el canal de propaganda del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), que alguien con las iniciales FS iba a ser arrestado por sus “expresiones de odio”.
A la lista se suma el también miembro de VP, Rafael Sivira; a la dirigente de Primero Justicia y vicepresidenta de Formación y Programas del estado Aragua, Rita Capriti; ell presidente de Colegio de Ingenieros de Nueva Esparta y coordinador de Vente Venezuela en el municipio Maneiro, Andrés Ruiz y la miembro de VV y abogado, María Oropeza
Esta última transmitió en redes sociales su detención: “Están destruyendo la puerta, yo no soy una delincuente, yo solo soy una ciudadana más que quiere un país distinto”, dijo la dirigente del partido Vente Venezuela en el estado Portuguesa, minutos antes de que una comisión se la llevara detenida sin una orden judicial.
La dirigente política insistía en preguntar a los agentes que irrumpían a la fuerza en su hogar si tenían una orden de allanamiento.
El gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada para Venezuela, instó este 9 de agosto al gobierno de Nicolás Maduro y sus representantes a dejar de “amenazar y detener al pueblo venezolano por ejercer sus derechos constitucionales”.
En específico, pidieron la liberación de los miles de venezolanos detenidos, incluidos “María Oropeza, Edni López, Fernando Feo Enríquez, Américo De Grazia, Williams Dávila, Rocío San Miguel, Freddy Superlano, Dignorah Hernández, Henry Alviarez y Javier Tarazona”.
En el caso de los miembros de Vente Venezuela (Hernández y Alviarez) la detención se produjo en el mes de marzo de 2024, mientras que Javier Tarazona, director de Fundaredes, ha estado tres años en el Helicoide y sin condena de un tribunal. Las organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado reiteradamente que su arresto preventivo sobrepasa los límites que establecen las leyes.
