Siete de los ocho sacerdotes que durante la primera semana de agosto fueron sacados por la fuerza de sus parroquias, ubicadas en los departamentos de Matagalpa y Chontales, fueron desterrados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que les había recetado «seminario por cárcel».
Los sacerdotes desterrados a Roma, confirmó el líder estudiantil Lesther Alemán, son: Edgar Sacasa, Ulises Vega, Marlon Velásquez, Victor Godoy, Harvin Torrez, Jairo Pravia y Silvio Romero.
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Además, denunció que la acción de la dictadura corresponde a «apatrismo de facto», ya que el orteguismo ha desterrado y rescindido su nacionalidad a más de 300 nicaragüenses, entre esos 222 excarcelados políticos a los que envió en un vuelo directo a Estados Unidos.
La abogada Martha Patricia Molina, defensora de derechos humanos e investigadora de temas relacionados a la persecución que sufre la Iglesia católica en Nicaragua, previo a la confirmación de Alemán, denunció a través de sus redes sociales que los sacerdotes fueron sacados del Seminario Interdiocesano Nuestra Señora de Fátima, mismo en el que el orteguismo los mantenía recluidos.
Las purgas dentro de las instituciones públicas siguen latentes en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de dos acuerdos presidenciales que divulgó este miércoles, 7 de agosto, en La Gaceta, destituyó a los dos cargos principales del Ministerio Agropecuario, el del ministro Bosco Castillo y el de su vice Ivania León, supuestamente ambos «renunciaron», aunque tenían apenas un año en esos puestos.
Castillo Cruz, exdirigente de la Juventud Sandinista, recientemente cumplió su primer año como ministro agropecuario, luego que fue ubicado en ese puesto para sustituir al también orteguista Isidro Rivera, mismo al que Ortega consoló dándole el cargo de ministro asesor de Presidencia, que previamente le quitó a Castillo Cruz.
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El exJS, al que Ortega ha premiado con cargos ministeriales, antes de ser ministro agropecuario, devengaba un mega salario de más de 31 mil dólares, ejerciendo su cargo de ministro asesor de Presidencia, aunque aparecía inscrito como parte de la planilla del Ministerio de la Juventud y no en la Presidencia.
A Bosco Castillo, según supo La Prensa, se le estaría investigando por presuntos actos de corrupción. La dictadura no perdona que le roben sin una participación en los negocios.
En el último trimestre, a través de redes sociales, se han viralizado al menos cuatro robos que se registraron en la capital. El más reciente ocurrió en el barrio Villa Flor Sur, donde un sujeto, valiéndose aparentemente de un arma de fuego, robó a un grupo de estudiantes que circulaban por esa zona.
El robo quedó grabado en una cámara de seguridad ubicada en una de las viviendas de esa colonia, situada al sureste de Managua, y fue viralizado en redes sociales, donde los internautas urgieron que se identificara al criminal para que sea encarcelado y procesado por el delito de robo con intimidación, que perpetró contra los menores.
Un analista político, consultado por Artículo 66, bajo condición de anonimato, refirió que este tipo de situaciones, que reflejan un aumento de delitos comunes, «tiene impacto en varias direcciones: sobre la calidad de vida de las personas, incrementa los niveles de riesgo y probabilidades de victimización y además, incrementa la percepción de riesgo entre la población».
Resaltó que este tipo de situaciones, además de incidir en la percepción de inseguridad, también afecta a las condiciones reales de seguridad de la población nicaragüense, las cuales «tienen efectos sobre las condiciones reales de vida de la gente, pero también tiende a incrementar los niveles de desconfianza en la población».