Estas son las cinco noticias más importantes del cuatro de julio de 2024
Activistas del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) declararon en la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los 14 años de impunidad del femicidio de Dina Carrión González evidencian la persistencia de la violencia contra las mujeres en Nicaragua.
«Estar acá representa para la familia Carrión González un primer paso hacia la verdad y la reparación», declararon los representantes de la organización humanitaria. Además de exigir justicia, la familia Carrión solicita el fortalecimiento de las instituciones estatales para la prevención, investigación y sanción de la violencia de género que azota el país.
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Durante la audiencia, celebrada el pasado miércoles, tres de julio, Aída González y Aída Carrión, madre y hermana de Dina, testificaron que la víctima estaba en proceso de divorcio de Juan Carlos Siles y en custodia de su hijo cuando fue encontrada muerta en su casa el tres de abril de 2010.
La familia denunció que Carrión sufría violencia constante por parte de su expareja, pero el Ministerio Público concluyó que la causa de muerte fue un suicidio y archivó el caso. La investigación fue reabierta y se presentó una acusación contra Siles, pero el proceso se suspendió en 2019, tras la admisión de un amparo administrativo por la Corte Suprema de Justicia.
La perita Mariella Labozzetta, fiscal directora de la Unidad de Delitos contra la Mujer en Argentina y convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló a las organizaciones defensoras de derechos humanos las «graves» irregularidades en la investigación del caso.
«Las autoridades rompieron la cadena de custodia de las pruebas, hubo contaminación de la escena del crimen, manipulación del cadáver y falta de investigación a otros testigos», indicó. Labozzetta añadió que no se investigó la sospecha de feminicidio a pesar de los indicios de violencia y abuso, utilizando los estereotipos de género para cerrar «prematuramente» la investigación.
El Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad) emitió un informe amplio y detallado que expone la continua implicación de Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, a pesar de las graves violaciones a los derechos humanos documentadas desde la crisis sociopolítica de 2018.
El informe, publicado este miércoles, tres de julio, destaca que las organizaciones bancarias no han reforzado suficientemente la debida diligencia en derechos humanos para evitar que sus fondos contribuyan a financiar la represión.
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Raza e Igualdad considera que los organismos financieros deben «orientar sus decisiones y actividades imparcialmente por aspectos económicos, sin dejarse influenciar por asuntos políticos o intervenir en los asuntos internos de sus miembros. Sin embargo, el respeto a la democracia y a los derechos humanos son económicamente relevantes y deben ser considerados por las IFIs al momento de sus decisiones y actividades en Nicaragua».
En febrero de 2024, las principales IFIs, incluyendo el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), respaldaban 97 proyectos de desarrollo en Nicaragua, con una aprobación total de 5,082.43 millones de dólares. De estos, 57 proyectos fueron aprobados después del inicio de la crisis, sumando 2,784.43 millones de dólares más.
La presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental y congresista republicana, María Elvira Salazar, afirmó que Nicaragua «se ha convertido en una plataforma» que facilita la migración ilegal hacia a Estados Unidos. Por tal razón, considera que el país «debería de pertenecer a la lista de patrocinadores estatales del terrorismo».
El tres de julio, se celebró una audiencia del Subcomité del Hemisferio Occidental en la Cámara de Representantes estadounidense titulada «La maldición del socialismo en Centroamérica y el Caribe». En este encuentro, la funcionaria discutió sobre la situación migratoria en Nicaragua con Eric Jacobstein, subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado.
Salazar destacó que los dictadores Rosario Murillo y Daniel Ortega «tienen una gran piñata». «Nicaragua se ha convertido en esta plataforma para que la gente llegue a Estados Unidos. Estamos hablando de miles de vuelos. Cada persona paga 10,000 dólares», denunció.
La congresista aseguró que han llegado 300,000 personas de todo el mundo, «de Marruecos, Senegal, Libia, India y Kazajistán», y de estos miles de ciudadanos, «resulta que ocho de ellos eran miembros terroristas del EI (Estado Islámico), que terminaron en Nueva York».
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