En reconocimiento a su labor como defensoras de los derechos humanos del pueblo nicaragüense, el Consejo de los Ilustres Colegios de la Abogacía de Cataluña (CICAC) entregó el Premio Valors 2024 a las abogadas y activistas Ana Margarita Vijil y Yonarquí Martínez.
La XI Edición de este evento se celebró la tarde de este jueves, 20 de junio, en una ceremonia que se realizó en un auditorio de la Caixa Sabadell, en Cataluña, España.
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En un vídeo difundido en redes sociales, Martínez aseguró que «es un honor para mí levantar este premio en nombre de todas las víctimas, presos políticos, familiares de los asesinados y el pueblo de Nicaragua, incluyendo a los exiliados como yo».
Por su lado, Vijil afirmó que es «una oportunidad estar sentadas aquí y hablar por esos tantos que no pueden hablar». «En Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad y están documentados. Desde el 2018 para acá, solo en los primeros meses del conflicto, más de 355 personas fueron asesinadas», recordó la abogada.
La defensora destacó que Cataluña «ha acogido a los familiares de esas personas que sufrían acoso, asedio y represión en Nicaragua». Vijil resaltó que aún hay más de 141 personas en las cárceles del régimen, y algunos como Brooklyn Rivera, Carlos Bojorge y Freddy Quezada «están en estado de desaparición desde que la Policía se los llevó de su casa. Sus familias no los han visto, ni sus abogados, ni abogadas».
Además de Vijil y Martínez, otros galardonados fueron los activistas y promotores María Oviedo, Mónica López Baltodano, Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del confiscado Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Róger Reyes, Álvaro Leiva, Gonzalo Carrión, uno de los fundadores del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, y Uriel Pineda.
Estos abogados forman parte de una lista de más de 20 profesionales del derecho a quienes la dictadura desterró, obligó al exilio y hasta despojó de sus nacionalidades, a quienes también les anuló sus títulos de juristas y los conminó, sin ningún tipo de juicio, a dejar de ejercer su carrera por defender a prisioneros políticos o por realizar activismo desde organizaciones y plataformas opositoras.
En el marco de la celebración del Día de la Abogacía Catalana, la organización española reconoció «a las personas y entidades que, con los valores que predican dentro de sus profesiones, son referentes que necesitamos para sacar adelante nuestra sociedad y defender, al mismo tiempo, los derechos humanos y la justicia».
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En Nicaragua, la situación de los derechos humanos se ha deteriorado significativamente debido a la represión desatada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han redoblado sus esfuerzos para denunciar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la pareja dictatorial y exigir justicia por las víctimas.
Sin embargo, el régimen nicaragüense persiste en desacreditar a estos organismos y restringe su trabajo al limitar el acceso a información, cerrar espacios para el diálogo y cancelar sus personerías jurídicas. A pesar de estas dificultades, las organizaciones y colectivos continúan, desde el exilio, su lucha por la defensa de los derechos humanos, brindando apoyo a los nicaragüenses afectados y documentando las violaciones que, hasta el día de hoy, sigue sufriendo la población.
