El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, quien administra el Estado a su antojo, ha sacado a relucir todo el potencial de su voracidad por el dinero y sus ansias de discrecionalidad para manejar los recursos estatales al reformar la Ley 735, o Ley de Administración de Recursos Incautados al Crimen Organizado y a la vez ejecutar una acelerada campaña de otorgamiento de concesiones mineras a los chinos.
Ortega también ha puesto en evidencia su desesperado «corre-corre» por sacar recursos de donde sea para cubrir el Presupuesto General de la República (PGR), ante la pérdida de apoyo financiero internacional.
Así lo analiza el experto en economía, dirigente opositor y excarcelado político Juan Sebastian Chamorro, quien, en el programa En Contacto, con el periodista Álvaro Navarro, de Artículo 66, se refirió al tema de las reformas a la Ley 735, de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados, con las que se estableció que, el dinero «incautado» u obtenido en subastas de bienes del crimen organizado, debe pasar a ser administrado por el propio Ortega a través del PGR.
En el programa, Chamorro también analizó el tema de las concesiones mineras, que de forma acelerada ha entregado la dictadura a empresarios chinos, lo que el opositor calificó como una «perversa alianza» entre el régimen Ortega-Murillo y China.
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Para el economista, lo que más llama la atención, en cuanto a las últimas reformas que impulsa Ortega, es que todas han cercenado el Poder Judicial. «Todas estas reformas le quitan segmentos, proporciones, porcentajes del Presupuesto General de la República a un destino específico, sobre todo al Poder Judicial», señala el analista.
Chamorro se refiere a las reformas a Leyes que ha ordenado aprobar Ortega a sus diputados, primero para eliminar la asignación del 4% del PGR al Poder Judicial, luego ordenó cancelarles el fondo de pensiones, después ordenó sacarlo del Consejo de lucha contra el crimen organizado y ahora le quita la asignación de parte del dinero que se le ocupa al crimen organizado.
El opositor, quien también fue viceministro de Finanzas de Nicaragua durante el Gobierno de Enrique Bolaños (QEPD), advierte que, en medio de esa «voracidad» de Ortega por controlar directamente todos los recursos estatales y ejercerlo con mayor discrecionalidad, hasta las universidades nacionales podrían correr la misma suerte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El economista cree que, si Ortega eliminó la asignación del 4% constitucional al Poder Judicial, bien podría eliminar el 6% de las universidades.
«En el fondo, lo que yo percibo detrás de todo esto, es una necesidad fiscal, o sea hay problemas de financiamiento y en vez de estar dando asignaciones fijas al Ministerio Público, La Policía, etcétera, el presupuesto pasa a ser alimentado por estos recursos (del narcotráfico), de tal manera que en el fondo aquí hay dos cosas que seguramente están pasando, el dictador quiere tener más discrecionalidad sobre este dinero,y segundo, que no quiere que le estén diciendo dónde debe invertirla», analizó Chamorro.
Ojo con bienes confiscados a opositores
El dirigente opositor desterrado por la dictadura llamó la atención en el sentido que la dictadura también podrá aprovechar las reformas a la Ley 735 para subastar los bienes confiscados arbitrariamente a opositores y destinar esos recursos obtenidos para cubrir el PGR.
«En todo caso, aquí lo que está mostrando, efectivamente, es una voracidad fiscal debido a dificultades, porque se les ha caído el financiamiento externo. Hemos tenido información de que, en este momento, hay una mala ejecución presupuestaria este año», afirmó Chamorro.
La perversa alianza con las mineras chinas
El exviceministro de Hacienda, al analizar el proceso de otorgamiento de inversiones mineras por parte a la dictadura Ortega-Murillo a empresas de explotación de minería chinas, valoró que Nicaragua ha sido históricamente un país donde ha habido minería con consecuencias ambientales.
En ese sentido, recordó que las empresas mineras chinas tienen fama mundial como «depredadoras». «China e impacto ambiental negativo son palabras sinónimas. Donde van los chinos desbaratan el medio ambiente y eso debe ser una alerta de preocupación», adviertió.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM), la entidad de la dictadura encargada de administrar los recursos mineros del país, ha otorgado en los últimos 8 meses, concesiones sobre más de 48 mil hectáreas de tierra para la exploración y explotación minera a dos empresas chinas.
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Nicaragua Xinxin Linze Minera Group S.A. y Thomas Metal, S. A., dos empresas de capital chino, han recibido entre las dos un total de 47 mil 810 hectáreas, principalmente en las regiones autónomas de la Costa Carbe Norte y Sur.
«Esa combinación perversa de la dictadura con China, afectando al medio ambiente, debe encender todas las luces de alerta, y a eso le agregamos un tercer componente, que esas concesiones, muchas de ellas están metidas en territorios indígenas», criticó el econimista.
Para Chamorro, la alianza depredadora de Ortega con los chinos dejará nefastas consecuencias para Nicaragua en materia ambiental.
