Los diputados de la Asamblea Nacional, al servicio del dictador Daniel Ortega, reformaron, este martes, 18 de junio, la Ley 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados, al crimen organizado para establecer que ahora los millones incautados u obtenidos de subasta de bienes decomisados, sean destinados al Presupuesto General de la República (PGR) que el tirano administra a su antojo.
La Asamblea Nacional aprobó, por unanimidad, la iniciativa de Reforma a la Ley 735, enviada un día antes por Ortega al Legislativo, con lo que, el dictador arrebata a las instituciones que conforman la unidad de administración de bienes incautados al crimen organizado, el dinero que ocupen y que antes era destinado para financiar su trabajo. La reforma contempla cambios en los artículos 48, 56 y 58 de la norma.
En el caso del artículo 48, antes, la Ley establecía que el dinero o títulos valores incautados al crimen organizado debían ser depositados en cuentas de la Unidad Administradora de esos bienes, en el sistema financiero nacional.
Ahora, esos millones deben ser depositados en cuentas de la Tesorería General de la República, en el Banco Central de Nicaragua (BCN).
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Mientras que, el artículo 56, previo a la reforma de la Ley, establecía que «tratándose de dinero, valores o bienes de otra naturaleza, la administración provisional será exclusiva de La Unidad (de administración de bienes incautados al crimen organizado)». Ortega ordenó que se reformara dicho artículo para que desapareciera esta prerrogativa.
Finalmente, fue reformado el artículo 58, que antes ordenaba que «el dinero decomisado, abandonado u obtenido por la venta de bienes en subasta será distribuido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería General de la República para ser usado “única y exclusivamente” en programas, proyectos y fines de prevención, investigación y persecución de los delitos a que se refiere esta Ley, así como en programas de rehabilitación, reinserción social, elaboración de políticas públicas, coordinación interinstitucional y protección de personas, relacionados con el enfrentamiento del crimen organizado y sus consecuencias, igual que para los gastos administrativos de La Unidad».
Ese destino para los fondos provenientes del narcotráfico y crimen organizado ya no existe. El dictador Ortega ordenó a sus diputados eliminar ese párrafo para dictar que ahora «en el caso de los bienes en dinero, títulos valores, certificados de crédito e instrumentos monetarios o cualquier otro medio o efecto de esa naturaleza y el dinero procedente de la venta de bienes en subasta, serán destinados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para cubrir necesidades presupuestarias previa autorización de la Presidencia de la República».
Es decir, con la reforma ordenada por el dictador, ahora, los millones que ocupan o «se encuentran» a lomo de mula o en camiones, en los que nunca capturan a nadie, así como el dinero producto de subastas de bienes ocupados al crimen organizado, o bienes confiscados por el régimen a quien acuse de tal delito, serán administrados directamente por Ortega y su mujer, Rosario Murillo.
¿Castigo a los bancos?
El operador político de la dictadura que funge como presidente del Legislativo, Gustavo Porras, al tratar de justificar las reformas a la Ley señaló que la iniciativa «repara una forma de resguardar los bienes incautados, decomisados o abandonados, en el sentido de que la Tesorería General de la República habilita y tiene una cuenta en el Banco Central de Nicaragua».
Porras enfatizó que ese dinero ya no será depositado en los bancos del sistema financiero nacional sino en el BCN.
«En la disposición anterior lo que había era que serían (los millones ocupados) depositados en el Sistema Financiero Nacional y naturalmente eran recursos recuperados de esas situaciones relacionadas con el crimen organizado y el lavado de activos y eran depositados en el Sistema Financiero Nacional, en cualquier banco, en este caso, lo que cambia es, que una vez se hayan recuperado los activos se van a depositar en las cuentas de la Tesorería General de la República en el Banco Central de Nicaragua», dijo el diputado sandinista.
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Recientemente, Ortega amenazó a los bancos nacionales con «sancionarlos» por lo que llamó «brinco (reclamos)» de las instituciones bancarias ante las confiscaciones, a opositores, de bienes prendados con dichas entidades financieras.
El 18 de mayo, durante el acto de celebración del 129 aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino, el dictador se refirió a las confiscaciones ejecutadas contra personas opositoras a su régimen, empresarios, ONG y la Iglesia católica y aseguró que los han confiscado por «delincuentes» y «estafadores». Acto seguido dijo que algunos bancos han «brincado» ante las confiscaciones y por ello los están investigando y serán «sancionados» los que resulten «culpables».
