Cifra de presos políticos aumenta a 141; tres de ellos están «desaparecidos»
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene a 141 nicaragüenses encarcelados como reos de conciencia, sometidos a torturas, procesos legales irregulares y condiciones insalubres dentro de sus celdas, según informó el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
El más reciente reporte del organismo indica que de la cifra total de detenidos, 23 son mujeres y 118 hombres, incluyendo a 10 ciudadanos detenidos previo a la crisis sociopolítica de 2018.
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Entre el 16 de abril y el 31 de mayo de 2024, la organización registró 18 casos de encarcelamientos arbitrarios con aparentes motivaciones políticas. De estos detenidos, 12 han sido liberados, mientras que la ubicación de los seis restantes aún no ha sido confirmada, y sus casos «permanecen bajo investigación».
En abril pasado, el número total de presos políticos era de 138. Las tres nuevas personas añadidas a la lista fueron arrestadas en el primer semestre de 2024, en el departamento de Managua. El Mecanismo destacó que el hecho de que sus casos se reportaran un año después «refleja el nivel de terror y autocensura que existe en la sociedad nicaragüense».
El organismo aseguró que numerosos agentes policiales asedian a los allegados de los reos políticos para que no denuncien públicamente sus casos. «Incluso, se ha conocido que amenazan con encarcelar a los familiares cuando buscan a las personas detenidas en las diferentes estaciones policiales. Los presionan para no contactar a organizaciones de derechos humanos y, en algunos casos, los extorsionan o les dan falsas esperanzas de libertad si guardan silencio», detalla el reporte.
Desapariciones y torturas
De igual manera, el Mecanismo enfatizó en la desaparición forzada y ocultamiento del paradero del catedrático Freddy Quezada, el joven católico Carlos Bojorge y el líder indígena Brooklyn Rivera, tres nicaragüenses que fueron arrestados por los agentes represivos de los Ortega-Murillo.
«A pesar de los persistentes esfuerzos de sus familias por obtener información sobre su situación y poder visitarlos, la aplicación de Medidas Cautelares de la CIDH y de varios pronunciamientos de organismos de derechos humanos, el régimen se ha negado rotundamente a proporcionar cualquier tipo de detalle de su paradero, su estado de salud y su estatus judicial», denunció la organización.
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El Mecanismo precisó que la situación de los 141 presos políticos continúa siendo «preocupante». Los detenidos sufren hacinamiento y sus celdas no cuentan con ventilación adecuada, higiene y acceso a servicios básicos como agua potable y atención médica.
La calidad de la alimentación suministrada a los encarcelados es «deficiente y poco nutritiva, lo que ha provocado casos de desnutrición». Las visitas familiares y el acceso a abogados de confianza continúan severamente restringidos y las autoridades también agreden verbalmente a las familias y las intimidan con perros de la Policía.
La organización registró numerosos casos de torturas y malos tratos dentro de las prisiones. Las personas presas políticas denunciaron golpizas, hostigamientos durante la madrugada, amenazas de muerte y abusos psicológicos, como el aislamiento prolongado y el encierro junto a reos comunes de alta peligrosidad que les amenazan con muerte y golpizas.
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