El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), anunció la cancelación de tres concesiones mineras independientes que habían permanecido en supuesta «inactividad», en cumplimiento con las disposiciones establecidas en la Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas (Ley N°. 387).
De acuerdo con una acuerdo ministerial publicado en La Gaceta, Diario Oficial, de este miércoles, 12 de junio, fue cancelado el lote denominado «La Petrona», con una superficie de 13,391.00 hectáreas, ubicado en La Libertad y Santo Domingo, departamento de Chontales. Esta concesión minera fue otorgada a la empresa Green Global Nicaragua, S.A, en 19 de diciembre de 2012.
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La siguiente concesión cancelada corresponde al lote «Las Carpas», un terreno de 13,054.73 hectáreas localizado en el municipio de El Cuá, departamento de Jinotega. Su titular era el nicaragüense Camilo Gabriel Ferreyra Vargas, que administraba esta propiedad desde septiembre de 2013.
El último terreno afectado se encuentra es el lote «Fuente de oro», que cuenta con una superficie de 8,570.36 hectáreas y está situado en el municipio de Santo Domingo, Chontales. En julio de 2014, la empresa Central American Mining, S.A, representada por Alejo Enrique Bermúdez Amador, comenzó a administrar esta concesión minera.
La entidad orteguista fundamenta estas cancelaciones en que la «inactividad» de las concesiones mineras ha impedido la realización de actividades de «exploración y explotación» que indican los períodos de los respectivos títulos de concesión. Bajo lo establecido en la Ley N°. 387, la dictadura sandinista procede a la cancelación de los derechos otorgados a los titulares de las propiedades.
La viceministra de Energía y Minas, Estela María Martínez Cerrato, en uso de sus facultades conferidas por la legislación pertinente, ha emitido las respectivas resoluciones administrativas para los tres terrenos. Cada cancelación será inscrita en el Registro Central de Concesiones y las resoluciones ministeriales entrarán en vigencia desde su publicación en La Gaceta.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos considera que la minería constituye una de las principales fuentes de ingresos para el régimen sandinista. Por esta razón, en mayo pasado impuso sanciones a dos concesiones mineras vinculadas al gobierno de Ortega: Capital Mining y la Compañía Minera Internacional (COMINTSA). Además, la pareja dictatorial ha facilitado la entrada de empresarios chinos en el sector aurífero, otorgándoles numerosas propiedades para la explotación de minerales.