Estas son las noticias más importantes del siete de junio de 2024

El abogado costarricense José Francisco Ayala declaró que el asesinato del nicaragüense Otoniel Orozco Mendoza, a quien uno de sus vecinos le disparó 14 veces con un arma de fuego, fue un crimen «planificado» y motivado principalmente por la «xenofobia».
Por medio de un vídeo, publicado en el canal de YouTube del diario La Prensa, el jurista señaló que se está encargando de «todos los trámites legales para que se haga justicia de manera pronta y cumplida».
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Ayala consideró que la «xenofobia» de Eduardo Ramírez Zamora, el asesino del compatriota, fue el motivo que lo indujo a cometer el crimen. «Es un momento donde hay una circunstancia en la cual hay una premeditación y una ventaja totalmente planeada y planificada», agregó.
En una entrevista con el diario La Nación, de Costa Rica, el abogado añadió que los vecinos del condominio declararon que Ramírez solía decir: «¿Cómo es posible que yo esté pagando esta propiedad tan cara para tener a un nica al lado?». La esposa del asesino también tenía problemas con la cantidad de hijos de la familia Orozco, llegando a llamarlos «nido de ratas».
De igual manera, el representante legal de Orozco indicó que «hay otros elementos y sujetos activos dentro del proceso que debemos de traer para efectos legales y sean quienes respondan ante la justicia».
El hijo de los dictadores de Nicaragua Laureano Ortega Murillo pidió, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo,San Petersburgo, Rusia, que Nicaragua sea incluida como socia en el Grupo de Países con Economías Emergentes, conocido como los BRICS, con el objetivo de buscar nuevas sociedades comerciales para el país.
En declaraciones a medios de comunicación rusos, el asesor presidencial de inversiones y delegado especial para los asuntos con Rusia reveló que están haciendo gestiones ante la presidencia protémpore de los BRICS, que la ostenta Moscú, para que el país centroamericano sea aceptado como socio en ese grupo político y económico.

«Estamos haciendo gestiones con los países miembros de los BRICS para poder tener esta oportunidad de ser parte de esta gran familia, de este grupo, de este bloque, que para nosotros es estratégico, fundamental, porque es el bloque que está trabajando por la conformación del nuevo orden mundial», dijo Ortega Murillo.
Por su parte, Walmaro Gutiérrez, el operador político de la dictadura que funge como diputado en la Asamblea Nacional, quien acompaña a Ortega Murillo en Rusia, en declaraciones a Sputnik, señaló que la prioridad de la delegación que participa en el foro de San Petersburgo es avanzar en la incorporación de Nicaragua a los BRICS.
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Según Gutiérrez, la adhesión de Nicaragua a los BRICS permitirá «desarrollar vínculos comerciales con China, con la India, con la Federación de Rusia, con Sudáfrica, eventualmente con Egipto y con otros países que conforman esta iniciativa».
El presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, de las Naciones Unidas, Jan-Michael Simon, recomienda que tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) deben supeditar el acceso del régimen de Nicaragua al mercado financiero, al respeto de los derechos humanos y al tema de gobernanza (estado de derechos).
En una entrevista concedida al diario El País, de España, Simon aborda el tema de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Nicaragua, la supresión del estado de derecho, la represión mediante la aplicación de la apatridia y confiscaciones y enfatizó sobre el tema de las sanciones y el acceso del régimen de Nicaragua a financiamientos avalados por la calificación crediticia otorgada por el FMI.
A criterio del presidente del GHREN, las sanciones individuales impuestas por la Unión Europea (UE) y EE.UU. contra funcionarios de la dictadura Ortega-Murillo, hasta ahora solo han tenido efecto simbólico, en tanto los sancionados no tengan bienes fuera del país o no viajen.
No obstante, el funcionario de la ONU sostiene que ese efecto simbólico «es importante en el sentido de que cuando rige la total impunidad, una sanción demuestra públicamente que la comunidad internacional amonesta el comportamiento de los gobernantes».

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