La investigación «Corrupción judicial en Nicaragua: tráfico de influencias y la erosión del debido proceso», del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA), de Hagamos Democracia», concluyó que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo convirtió al Poder Judicial en un «instrumento necesario para asegurar el poder y autoritarismo del régimen Ortega-Murillo».
Jesus Téfel, presidente de Hagamos Democracia, explicó que la investigación es una recopilación de casos que sonaron en la palestra pública desde el año 2000. Estos casos dejaron «al descubierto el actuar de los funcionarios leales a la dictadura».
También se aborda el tema del nepotismo, la corrupción policial, los juicios contra los siete aspirantes presidenciales encarcelados en 2021 y el caso de los Cenis.
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En la investigación se expone el actuar del aparato judicial en los casos de corrupción contra Byron Jerez, titular de la Dirección General de Ingresos (DGI) durante el Gobierno de Arnoldo Alemán; la acusación por violencia contra el exboxeador Ricardo Mayorga; el famoso caso de Milton González, hermano del boxeador Román «Chocolatito» González, conocido como «El talcazo»; entre otros.
«La injerencia y control directo del Ejecutivo en las actuaciones y decisiones del Poder Judicial son cada vez más notorias, al punto de convertirse en un instrumento de ejecución de las órdenes de la dictadura; lo cual es percibido por la población que resiente la falta de tutela de sus derechos y confía cada vez menos en la imparcialidad del sistema de justicia», señala la investigación.
«(Esta situación)… hace imposible alcanzar el ideal que inspira su existencia y deviene en un retroceso significativo en la administración de justicia», añade.
Control absoluto
Para que Ortega se hiciera con el control absoluto de todos los poderes del Estado y consolidar su proyecto político, el dictador ordenó la reforma a la Constitución Política y diversas leyes. La Corte Suprema de Justicia en 2009 admitió un recurso de amparo que permitió a Ortega reelegirse para las elecciones del 2011.
También se aprobó la Ley No. 854 que consiguió la no aplicación del artículo 147 de la Constitución, que prohibía su reelección presidencial indefinida. Se modificó el artículo 150, numeral 4, que faculta al Ejecutivo a dictar decretos ejecutivos de aplicación general.
También se aprobaron una serie de leyes que se usan para perseguir a la oposición: Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros; Ley 1042, Ley Especial de Ciberdelitos; Ley 1055, Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la independencia la soberanía y autodeterminación para la paz; Ley de reforma a la Ley 779 que incluye la cadena perpetua; Ley de reforma a Ley 406 Código Procesal Penal que amplía plazo de detención; Ley 1145 que regula la pérdida de la nacionalidad.
Deterioro de la institucionalidad
El documento advierte que las prácticas corruptas que predominan en el sector justicia son: el tráfico de influencia, el soborno y el nepotismo, conductas que desafortunadamente tienden a agravarse y arraigarse cada vez más en la realidad nacional.
«El Poder Judicial es hoy la institución con mayor desprestigio del Estado nicaragüense. El deterioro de la institucionalidad y la aniquilación de la independencia de poderes, son otros factores que han pulverizado la confianza en el sistema de justicia», destaca.
Los investigadores concluyeron que en una transición democrática «será un reto y una prioridad» recuperar la institucionalidad e independencia del Poder Judicial y la confianza de la ciudadanía en sus actuaciones. «Solo así será posible gozar de la seguridad jurídica que permita el avance y desarrollo de nuestra nación en todos los aspectos», indica.
Además, proponen que en democracia se debe reformar la Ley de Carrera Judicial, la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y «aplicar los procedimientos disciplinarios a todos aquellos funcionarios implicados en actos de corrupción y crímenes contra los derechos humanos».
Téfel explicó que las fuentes consultadas manifestaban temor por las amenazas constantes y represalias contra ellos o sus familias. Los investigadores permanecieron en el anonimato y se usó la inteligencia artificial para realizar la presentación del documento. El análisis de los casos se apoyó de archivos periodísticos de medios independientes.
Nicaragua en el top de países más corruptos
Después de estar por más de 17 años bajo el gobierno de Daniel Ortega, Nicaragua se ha convertido en uno de los países más corruptos del mundo. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2023, el Estado nicaragüense solo presentó una corrupción menor que Somalia, Venezuela, Siria, Sudán del Sur y Yemen.
La organización que realizó el estudio, Transparencia Internacional, otorgó un puntaje de 17 sobre 100 al Gobierno de Nicaragua. El país centroamericano recibió la misma calificación que Corea del Norte y Guinea Ecuatorial, países gobernados por dictaduras de partido único.
Nicaragua fue el país que presentó un mayor incremento de corrupción en toda América Latina durante los últimos 10 años. Desde 2012, la calificación del Gobierno de Managua ha bajado 12 puntos hasta llegar a su puntaje mínimo en 2023.