A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos aplicó nuevas sanciones al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, acusado de «manipular el sector del oro y hacer dinero ilegal con la migración».
Activistas de la oposición nicaragüense considera que estas restricciones aplicadas al Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia en Managua, a la Compañía Minera Internacional (COMINTSA) y a la compañía Capital Mining Investment Nicaragua (Capital Mining), entidades clave vinculadas al régimen opresivo, representan «un paso significativo hacia la restauración de la justicia y la dignidad en Nicaragua».
En un vídeo publicado en la red social X, el exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, indicó que las nuevas sanciones están «golpeando el bolsillo de la dictadura, al tocar el sector minero».
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El diplomático describió que la minería ilegal de la dictadura nicaragüense es «un oro de sangre, contaminante, que destruye el medio ambiente y que contamina los ríos con mercurio».
«Todos los negocios sucios de la dictadura están golpeados y es lo que más le duele, porque lo único que respeta la dictadura son las finanzas», sentenció.
McFields resaltó que la entidad estadounidense nuevamente sanciona a la represiva Policía orteguista, pero también golpea «la alianza de Rusia y Nicaragua» para «matarla y torturarla». Por ello, el exiliado político afirmó que «este es un es un golpe estratégico que da Estados Unidos a la bolsa de la dictadura, pero también a su mano represora».
El exrepresentante de Nicaragua llamó a estas prohibiciones «sanciones bisturí», porque «van directo a la bolsa, y a la mano que mata, de la dictadura de Nicaragua». «Esto marca una pauta importante y un giro significativo en las sanciones que Estados Unidos está empezando a implementar en Nicaragua», comentó.
Otras maneras de afectar a Ortega
El economista y excarcelado político Juan Sebastián Chamorro también coincidió que «las sanciones a las empresas mineras van encaminadas precisamente a cortar los recursos económicos que la dictadura está recibiendo a través de este importante sector del oro».
El activista político resaltó que el Tesoro señala a Laureano Ortega Murillo, apodado «El Chigüín» dentro de la oposición, como «la persona detrás de estas empresas, donde también se sabe que está en la mano del poderoso ministro de Energía y Minas».
Chamorro también remarcó que el Centro de Instrucción policial que opera en Nicaragua «parece que ahora ha caído en desgracia y es sancionado». Hace menos de un mes, la institución recibió la visita de Nikolai Patrushev, la mano derecha de Vladimir Putin y un actor clave en su aparato de seguridad.

«Aquí hay una señal inequívoca de Estados Unidos de moverse hacia sanciones institucionales que afectan no solamente el flujo de recursos para la dictadura, sino también al espionaje político de los rusos en el continente americano», precisó.
El excarcelado político detalló que la suspensión de más de 250 visas a funcionarios involucrados en la trata de personas y en la utilización de la migración como arma estratégica y política de parte de Ortega, «también son un rotundo mensaje de la administración norteamericana».
Sanciones eran necesarias y urgentes
El politólogo y excarcelado político Félix Maradiaga expresó que «este esfuerzo por desmantelar las redes de corrupción y represión, que han enriquecido a los allegados de Ortega, mientras oprimen brutalmente a nuestro pueblo, es no solo necesario, sino urgente».
El dirigente político resaltó que «el hecho de que estas sanciones apunten a compañías explotadoras del sector aurífero subraya la profundidad de la influencia corrupta y la colaboración internacional en la perpetuación de la tiranía de Ortega».
«Las acciones de Estados Unidos destacan el abuso sistemático y la explotación que el régimen ha normalizado, dejando en evidencia cómo Ortega y sus cómplices, incluido su hijo y el corrupto círculo de operadores económicos, han priorizado su enriquecimiento personal sobre el bienestar y la libertad del pueblo nicaragüense», denunció Maradiaga.
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El exreo político «mantiene la esperanza de que estas medidas coadyuven a desarticular las estructuras de poder que sostienen a este régimen autoritario». «Continuaremos abogando por medidas más robustas que restrinjan aún más la capacidad de Ortega para financiar sus actos represivos y que finalmente conduzcan a un cambio democrático en nuestro país», agregó.
El activista político destacó que «la lucha por la democracia y la justicia en Nicaragua es ardua y larga, pero acciones internacionales como esta renuevan nuestra esperanza y fortalecen nuestro compromiso con la libertad y la dignidad humana».