El Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, denunció que el régimen de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha extendido «sus abusos más allá de sus propias fronteras». Esta aseveración la hizo durante la presentación del «Informe nacional sobre prácticas de derechos humanos 2023» del Departamento del Estado norteamericano.
Uno de los capítulos del documento oficial del Gobierno de Joe Biden, explica que exiliados nicaragüenses en Costa Rica y otros países han denunciado «acoso y represión política» por parte de simpatizantes del régimen que han llegado a otros países a ejercer dichas acciones.
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También se reporta la existencia de funcionarios de inteligencia dentro de la embajada de Nicaragua en Costa Rica, el país de destino de los miles de connacionales que han huido de la represión estatal desde 2018.
«Una ley sobre delitos cibernéticos permitió al Gobierno utilizar la extradición internacional para perseguir a ciudadanos que viven en el extranjero y que cometieron los llamados delitos cibernéticos», destaca el informe del Estado norteamericano.
La escalada represiva de la dictadura incluye amenazas, acoso, vigilancia y coerción contra los familiares de los opositores que están en el exilio. Según el documento, algunos familiares de los políticos o activistas fueron «detenidos y condenados injustamente como parte de los intentos del Gobierno de obligar a los miembros de la oposición exiliados a regresar al país y enfrentar arresto».
«El gobierno negaba sistemáticamente a estos familiares el acceso a documentos públicos, como certificados de nacimiento de niños bajo tutela conjunta o pasaportes. En varios casos, las autoridades exigieron que un padre que había sido exiliado por la fuerza por el Gobierno estuviera presente para solicitar documentos públicos para los menores», afirma.
Intentó usar a la Interpol
Estados Unidos afirma que hubo informes «creíbles» de que Ortega intentó usar de forma «indebida» las notificaciones rojas de Interpol con fines políticos, como represalia contra personas que consideraba opositoras, incluido el clero que se exiliaba.
«Hubo informes creíbles que las autoridades intentaron controlar la movilidad para tomar represalias contra ciudadanos en el extranjero negándoles servicios consulares. Las autoridades de inmigración dentro del país y a través de oficinas consulares en el extranjero negaron el acceso a pasaportes a supuestos opositores políticos y a sus familiares, impidiéndoles viajar a un tercer país», menciona.
«Además, el gobierno, utilizando principalmente notificaciones por correo electrónico enviadas por las aerolíneas, negó la entrada a más de 40 ciudadanos que intentaban regresar al país», añade.
La respuesta de la dictadura
La vicedictadora y vocera gubernamental, Rosario Murillo, en su alocución diaria, a través de los medios de la propaganda oficialista se soltó en insultos contra el gobierno estadounidense al que tildó de «genocida» y «salvajes violadores de todos los derechos humanos» y resaltó que los estadounidenses «no son nadie» para señalarles las mencionadas violaciones a los derechos del pueblo nicaragüense.
El monitoreo estadounidense le señala a la dictadura Ortega-Murillo desde los arrestos arbitrarios, pasando por el cierre de miles de oenegés, hasta denuncias de ejecuciones sumarias, torturas, tratos crueles e inhumanos contra presos políticos, abusos contra los pueblos indígenas, la promoción de la apatridia, que es un crimen de lesa humanidad, corrupción gubernamental, hasta la persecución religiosa.
Los señalamientos llenaron de ira a los dictadores al punto que Murillo dedicó un pronunciamiento para comunicar a la comunidad internacional que el informe sobre DD.HH. es «ofensivo y lesivo» y, según Murillo, «atropella y agrede nuestra soberanía».